CHIHUAHUA.- «Chihuahua podría ser el estado que lleve al presidente Enrique Peña Nieto ante tribunales internacionales, para que se le juzgue por obstruir la justicia y proteger la corrupción política», advirtió el gobernador Javier Corral Jurado durante la Asamblea Informativa por la defensa y la dignidad del Pueblo de Chihuahua, ofrecida en la Plaza Mayor de la capital del estado.
Además, anunció una serie de medidas de resistencia civil y acciones legales y de comunicación a nivel local, nacional e internacional, para impedir, dijo, que prevalezca la impunidad en los casos de corrupción vinculados al exgobernador César Duarte y su grupo de colaboradores.
Estas medidas surgieron una vez que el Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, aprobó al juez federal Gerardo Moreno García la atracción de la carpeta de investigación del proceso que se sigue al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien tiene prisión preventiva en un penal de Chihuahua acusado por el desvío de 250 millones de pesos.
La atracción se efectuó bajo el argumento de que el dinero desviado, procedía de recursos federales entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al gobierno del Estado de Chihuahua, pero a decir del propio gobernador Corral, los delitos se cometieron “en contra del pueblo de Chihuahua y fueron investigados por chihuahuenses”.
El jefe del Ejecutivo consideró que independientemente de que se tiene conocimiento de cómo resolverán porque ya adelantaron sus criterios, este lunes enviará a través de la Secretaría General de Gobierno el recurso de queja que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal ante el Consejo de la Judicatura, para impugnar la actuación de ese juez y de los magistrados que integran el Décimo Tribunal Colegiado de Circuito.
Entre las acciones contempla una gira de diálogo por el estado, el envío de dos misiones de chihuahuenses para recorrer el país y Estados Unidos, la organización de un Encuentro Nacional Anticorrupción y hará saber de la situación formalmente a la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Denunció que el presidente Enrique Peña Nieto, ha operado para que los principales casos investigados en la denominada Operación Justicia para Chihuahua, permanezcan impunes y se frene el proceso de extradición del exmandatario estatal.
Corral afirmó que a Peña Nieto le urge cerrar varios de estos asuntos, pero se le olvida que Chihuahua puede ser frente a otros ofrecimientos de impunidad o de amnistía, el estado que lo lleve a tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política.
“Sin faltar un minuto a nuestras obligaciones laborales en Chihuahua, enviaremos a todos los estados y principales ciudades de la República a varios de nuestros funcionarios, líderes sociales, económicos, políticos, a que celebren reuniones informativas e inviten a un gran movimiento nacional por el combate a la corrupción y por el respeto absoluto al federalismo”, anunció.
Corral convocó a los presentes a la siguiente etapa de resistencia, no solo para construir esta exigencia nacional de justicia, sino también una estrategia de resistencia frente al que afirmó, es un embate de la federación en contra de los chihuahuenses.
Añadió que para poner fin a la impunidad, desplegará además una estrategia nacional de comunicación sobre el caso Chihuahua y la trascendencia de sus investigaciones, “vamos a explicarle el pueblo de México cada uno de los casos, cómo se fueron construyendo, a dónde se fueron los recursos y quiénes son varios de los implicados”, señaló.
Además, serán retomadas otras dos acciones que fueron suspendidas tras el acuerdo del 3 de febrero que se firmó con la Secretaría de Gobernación, para detener la Caravana por la Dignidad, que eran emprender acciones de información y apoyo al movimiento de Chihuahua contra la corrupción y el envío de una misión especial a Estados Unidos y otros países, que sean sede de organismos internacionales anticorrupción.
