CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 16VG/2018 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la detención arbitraria de nueve hombres ocurridos en Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas.
Entre los detenidos, señaló el organismo, cuatro son militares.
Las quejas fueron presentadas entre 2014 y 2016, por las víctimas, así como una visita presentada por un Juzgado de Distrito y dos quejas de la Defensoría Federal, en las que manifestaban que los militares, en distintos momentos, detuvieron arbitrariamente a nueve personas y que durante el tiempo que estuvieron bajo su custodia habían sufrido actos de tortura.
La recomendación, enviada el 28 de noviembre, se dirigió a Salvador Cienfuegos, entonces titular de la Sedena y al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, por la violación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Como resultado de la investigación, la CNDH acreditó que se violaron los derechos humanos a la libertad, integridad, seguridad jurídica y personal, de nueve víctimas detenidas por militares y que resultaron víctimas de actos de tortura, dos de las víctimas también por actos de violencia sexual.
Como práctica constante, se acreditó que los actos violatorios consistieron en el amarre de extremidades (manos y/o pies), golpes, vendado de ojos, agresiones psicológicas, descargas eléctricas (2 personas), golpes con objetos (en glúteos y plantas de los pies), intentos de asfixia y actos violentos.
El organismo confirmó que un agente del Ministerio Público Militar (para el caso de tres víctimas) y los agentes del Ministerio Público Federal (por cuanto a seis víctimas) violentaron el derecho de acceso a la justicia en agravio de las nueve víctimas.
Ello, por que conocieron de manera individual los seis casos de la Recomendación, y tuvieron elementos suficientes para iniciar una indagatoria penal por la probable comisión del delito de tortura.
Sin embargo, a la fecha, sólo en cinco casos se ha iniciado la averiguación previa correspondiente, precisando que ha transcurrido un término que oscila entre 11 meses y cuatro años y ocho meses para el comienzo de su integración.
Así como que de un caso no se tiene conocimiento de que se tramite la investigación ministerial conducente.
