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CNDH llama a analizar restos hallados en Cocula y en Iguala para descartar que sean de alguno de los 43

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a diversas autoridades federales y locales indagar los 93 restos óseos encontrados en el Vertedero de Cocula y en el Río San Juan, en Iguala, Guerrero, para determinar si corresponden a alguno de los 43 normalistas de Ayotzinapa o a personas diversas.

La CNDH advirtió que los hechos ocurridos en Iguala son muestra clara de la cooptación de las instituciones municipales por parte de organizaciones delictivas y acusó que la verdad “ha sido una de las víctimas” en dicho caso.

El titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José T. Larrieta Carrasco, dijo que la confirmación de los restos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, dos de los normalistas desaparecidos, muestra que hay una liga entre el Vertedero de Cocula y la bolsa recuperada en el Río San Juan.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expuso que se subestimó una bolsa recuperada en el Río San Juan, que contenía tres porciones petrosas, 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que deberían ser sometidos a pruebas de ADN.

Ello a fin de determinar si corresponden o no a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, indicó al reconocer que durante las pesquisas enfrentaron serios obstáculos de algunas autoridades, no así de las Fuerzas Armadas.

“El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos, a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos”, anotó.

A pregunta expresa, luego de más de nueve horas que duró la presentación de la recomendación, apuntó que: “más allá de verdades históricas, aquí (en la investigación de la CNDH) hay elementos que nos permiten articular (los hechos) para encontrar la verdad, que ha sido una de las víctimas”, en aras de hacer justicia y que no queden hechos de impunidad.

Comentó que los familiares recibieron la indagatoria con “recelo y desde luego estaremos entregando completamente la recomendación a los familiares. Conocen en lo general -hasta dónde pudimos avanzar- pero desde luego me gustaría que conocieran el detalle del contenido”.

Durante la presentación de la Recomendación 15VG/2018 sobre Violaciones Graves de Derechos Humanos en el caso Iguala, se informó que la CNDH integró 72 expedientes de queja, cuatro derivados de posible maltrato en la detención, 11 por posible detención arbitraria y 57 por la posible comisión de actos de tortura.

En tanto se solicitó la exhumación y la necropsia dadas las deficiencias realizadas por el estado de Morelos, a fin de determinar si la muerte de una persona fue provocada o no por tortura.

El informe -de un millón de hojas y mil 255 tomos que comprende la investigación realizada- propone que sea el Instituto de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Innsbruck la institución que continúe realizando el análisis genético de los elementos óseos y odontológicos propuesto.

Igualmente por ser la instancia sugerida por el EAAF -equipo pericial habilitado en el caso a petición de los padres y familiares de los normalistas desaparecidos- para esos fines.

“Para esclarecer todos los sucesos que pudieran darse en el escenario del Vertedero de Cocula, la PGR tendría que llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones, desde luego las pertinentes para establecer la probable responsabilidad de todos los partícipes”, resalta el documento.

Y, sobre todo, agotar el estudio científico de la totalidad de las evidencias recabadas en el Vertedero de Cocula, donde hay indicios de que sí hubo fuego en la fecha relacionada con los lamentables hechos, y a dónde habrían sido llevados al menos entre 23 y 28 estudiantes.

“Sólo a partir de los contenidos del expediente y de evidencias técnico científicas podrán obtenerse elementos útiles para determinar en definitiva si los normalistas fueron incinerados o no y, en su caso, el número de ellos”, planteó Larrieta Carrasco.

Solicitó asimismo a la Procuraduría General de la República (PGR) indagar quién es el ‘Patrón’, dado que según las evidencias sería la persona que tomó las decisiones que cambiaron el rumbo del destino de los normalistas ocurridos el 26 y 27 de noviembre de 2014.

“La PGR debe investigar quién es, de dónde surgen esas declaraciones primarias que lo ubican” el día de los hechos, agregó.

El documento refiere que los elementos de la Policía Municipal de Cocula que estuvieron involucrados en los hechos contaban con Certificado de Control de Confianza emitido por el Centro Estatal de Evaluación, a pesar de que con anterioridad se habían separado del Ejército Mexicano de manera ilícita y no habían resuelto su situación jurídica.

Se destaca que los hechos ocurridos en Iguala son muestra clara de la cooptación de las instituciones municipales por parte de organizaciones delictivas, como se evidenció en los municipios Iguala, Cocula y Huitzuco. Tan es así que elementos de los dos primeros entregaron a los normalistas al grupo criminal Guerreros Unidos.

La recomendación refiere que del total de las 43 llamadas telefónicas registradas en el C-4 aquélla noche 26 se realizaron para denunciar hechos que, después se sabría, eran perpetrados en contra de los estudiantes, mientras que 17 se realizaron por los sucesos acontecidos en el escenario del crucero de Santa Teresa.