GINEBRA.- La oficina de derechos humanos de la ONU dijo este viernes que enviará su más reciente informe sobre Venezuela a la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal abrió en febrero una investigación preliminar sobre supuestas violaciones.
Según el informe de Naciones Unidas, fuerzas de seguridad venezolanas sospechosas de matar a cientos de manifestantes y presuntos delincuentes disfrutan de inmunidad judicial, lo que significa que el estado de derecho está «virtualmente ausente» en el país sudamericano.
«Se envió el primer reporte a la CPI y también vamos a enviar este», dijo la funcionaria de derechos humanos de la ONU, Amanda Flores, en una conferencia de prensa en Ginebra.
En el documento, la oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno que lleve a los responsables ante la justicia, citando lo que calificó como versiones impactantes de crímenes extrajudiciales de jóvenes durante operaciones de lucha contra el crimen realizadas sin orden de arresto en barrios pobres.
Los críticos culpan al presidente, Nicolás Maduro, de recurrir a tácticas cada vez más autoritarias, mientras la economía de este país miembro de la OPEP se hunde cada vez más en la recesión y la hiperinflación, alimentando el descontento e impulsando a cientos de miles a emigrar el año pasado.
Alrededor de 125 personas murieron en protestas antigubernamentales el año pasado. Maduro dice que las protestas de la oposición tenían como objetivo derrocarlo y acusa a Estados Unidos de dirigir una «guerra económica» contra Venezuela.
«El fracaso a la hora de responsabilizar a las fuerzas de seguridad por violaciones tan graves de los derechos humanos sugiere que el estado de derecho está virtualmente ausente en Venezuela», dijo en un comunicado Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. «La impunidad debe terminar».
En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid pidió al foro de 47 miembros que establezca una comisión de investigación sobre presuntas violaciones en Venezuela, uno de sus estados miembros.
«Ha llegado el momento de que el Consejo use su voz para hablar antes de que esta trágica espiral descendente se vuelva irreversible», dijo Leila Swan, de Human Rights Watch, en un comunicado este viernes.
El impopular Maduro ha presentado la liberación de decenas de miembros de la oposición como un gesto de paz después de su reelección a un nuevo mandato de seis años el mes pasado, que fue condenado por la mayoría de las naciones occidentales como una farsa antidemocrática. Su gobierno niega que los detenidos sean presos políticos.
Venezuela está sufriendo un colapso económico que incluye una escasez crónica de alimentos y medicinas y una inflación anualizada de alrededor del 25 mil por ciento. Maduro culpa a una «guerra económica» dirigida por la oposición y Estados Unidos, que ha impuesto nuevas sanciones a la industria petrolera venezolana.
En tiempos de la fiscal general anterior, Luisa Ortega Díaz, quien huyó del país el año pasado, se cree que estaban siendo investigados 357 funcionarios de seguridad por muertes relacionadas con delitos, pero desde entonces no ha habido información pública, según el informe de la ONU.
Un obstáculo clave fue que la oficina de investigaciones científicas, criminales y forenses que está a cargo de las investigaciones también es «presuntamente responsable de la mayoría de las muertes», indicó.
