Hace un par de días, en Tijuana, Baja California, Ricardo Anaya anunció que, de llegar a la presidencia, analizará la forma de revertir la reforma fiscal y devolver a los estados fronterizos un régimen preferencial, que los vuelva a hacer competitivos y aporte dinamismo a su economía.
La reforma fiscal a la que se refirió, aprobada durante la legislatura que permitió la materialización del Pacto por México, acuerdo éste que por la magnitud de sus logros constituyó un referente internacional, y del que fue parte el propio candidato, será un tema crucial en la retórica antigobierno que emplearán los partidos de oposición en el proceso político que ocupará nuestra atención hasta el mes de julio próximo.
La eliminación de la tasa preferencial del IVA en la franja fronteriza y el concepto mismo de “competitividad”, inserto en el artículo 25 de la Constitución, fueron parte de un intenso debate en 2013, precisamente cuando se dio la reforma, por eso no hace mal el candidato en mencionarlos conjuntamente, pues constituye ésta, la competitividad, uno de los principales retos que el país debe enfrentar con el ánimo de erradicar la pobreza y la desigualdad, así como la otra, la utilización de los impuestos, una herramienta indispensable para lograrlo.
Hablar de un régimen tributario diferenciado para la frontera, sin embargo, podría ser una grave equivocación que solamente acrecentaría la distancia económica ya existente entre los estados al norte del país y las regiones más atrasadas del sur.
La diferenciación de la tasa IVA en fronteras, obedeció en sus orígenes a la lejanía existente entre las ciudades colindantes con los EU y la capital del país, lo que en unión de la cercanía con ciudades altamente desarrolladas en el otro lado de la franja, como San Diego o San Antonio, impedían su crecimiento.
Esas condiciones desaparecieron desde hace mucho tiempo. No solamente el aumento de la población y la construcción de infraestructura borraron la distancia, sino que también la expansión del comercio derivado de la firma del TLCAN, provocó que los estados en la frontera fueran, a la postre, los más beneficiados de esta vecindad con la principal economía del mundo. Poco importa su lejanía de la capital en ese contexto.
La distinción en la normatividad fiscal permitió, sin embargo, la apertura de un hoyo negro del que sacaron indebido provecho muchos “contribuyentes”, pues no habiéndose distinguido entre la capacidad económica de los avecindados en frontera y permaneciendo libre la domiciliación para efectos fiscales, se obtuvo una indebida ventaja impositiva fundada en la simulación, que perjudicó gravemente la hacienda pública, en perjuicio directo de individuos asentados al sur del país.
La eliminación del régimen preferencial en frontera ha permitido un mejoramiento de la recaudación, que se realiza de manera universal a cargo de todos los causantes en el territorio nacional, sin distingo de domicilio fiscal. El aumento de los recursos con que cuenta el Estado se canaliza a favorecer a familias mexicanas desprovistas de benefactores que, indiscutiblemente, han existido y subsisten en el norte de México.
Es necesario hacer frente a la pobreza y el instrumento de la recaudación constituye, como se dijo, una herramienta imprescindible; sin embargo, ésta debe de ser correctamente encausada.
En la búsqueda del desarrollo y erradicación de la pobreza, en sincronía con el mejoramiento de la competitividad nacional, destacan las ideas que quedaron plasmadas en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, impulsada por esta administración, así como su Reglamento y los Decretos a través de los cuales se emiten las declaratorias para seis regiones que habrán de albergar un tratamiento fiscal preferencial de novedosa concepción.
Si es nuestro deseo que México sea más competitivo, debiéramos analizar cuáles son las acciones que emprenden economías en desarrollo con las cuales efectivamente competimos, como China, Corea del Sur, Taiwán o Singapur.
Es precisamente en ese contexto que viene a cobrar especial relevancia la normatividad antes mencionada. A través de ésta se enmiendan los errores del pasado, se impide la simulación, pero se da una preferencia real, absoluta, para que inversión de capital productivo llegue a México, con una tasa preferencial ISR e IVA a 0%, durante diez años y más, siempre que se destine a la contratación de mano de obra en Puerto Chiapas, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas, Progreso y Coatzacoalcos. Poco se dice de las ventajas que tendrán los seis estados a los que dichas zonas pertenecen y la consecuente derrama que la generación de empleo traerá aparejada para las comunidades que en ellas residen.
Ideas como la que vino a ponderar el candidato, sin miramiento de sus consecuencias, u otras similares que podría enarbolar la izquierda, disminuyendo los beneficios de las Zonas Económicas Especiales, podrían con facilidad romper ese frágil equilibrio económico y financiero del que depende el éxito del proyecto, uno que impulsaría a nuestro país por el sendero de la productividad.
Hagamos votos para que la diatriba electoral que comienza, quede solamente en un mero intercambio de regalías y prebendas para el elector, y que en el arte de gobernar, perdure la cordura y la frialdad de la ciencia y la razón.
Twitter: @Cuellar_Steffan
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