Hay personas indígenas privadas de la libertad por falta de un debido proceso, ya sea por no tener una defensa adecuada o intérpretes, aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de establecer que las comunidades indígenas tienen que aplicar sus propios sistemas legales como parte de su derecho a la libre determinación, lo que debe reflejarse en la práctica y no solo en reconocimiento del pluriculturalismo de la nación.
Por lo anterior el presidente de ese organismo, Luis Raúl González Pérez, demandó un cambio en las prácticas procesales vigentes para que el reconocimiento jurídico de los derechos procesales de las personas indígenas en prisión, señalados en el artículo 2° Constitucional y en el Convenio 169 de la OIT, tenga correspondencia con el desarrollo de procedimientos jurisdiccionales justos.
Al participar en la inauguración del Foro Internacional de Jurisdicción Indígena, el Ombudsperson nacional se pronunció por eliminar prácticas discriminatorias, sensibilizar y profesionalizar a los operadores del sistema judicial –defensores de oficio, peritos culturales, intérpretes y traductores en materia de derechos indígenas—, evitar subutilización de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en materia indígena.
Señaló que, en la realidad, el acceso a la justicia para los pueblos indígenas presenta barreras como uso dominante del idioma español, otorgar mayor valor al lenguaje escrito que al oral, trato discriminatorio, formalismo excesivo en tribunales, exceso de judicialización de conflictos, pobre cobertura territorial, entre otros.
Acompañado en el presídium por Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM; el exOmbudsperson Jorge Madrazo Cuéllar, coordinador del Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el Extranjero de la UNAM en Seattle, y la cuarta visitadora general, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, González Pérez subrayó que es imprescindible definir jurídicamente quiénes son los sujetos de derecho a quienes les resultan aplicables los diversos y especiales estatutos indígenas.
Por su parte, Raúl Contreras Bustamante indicó que la UNAM trabaja en un nuevo plan de estudios que contemple una asignatura en derecho indígena, la conformación de una especialidad en esa materia e incluir como requisito para los alumnos el dominio de una lengua indígena.
A su vez, Jorge Madrazo Cuéllar señaló que preocupa que los estudiantes de derecho no escriban y reflexionen sobre un tema sensible del derecho mexicano que es el derecho indígena, ya que desde la reforma del 2001 al artículo 2 no se ha prestado la suficiente atención en garantizar los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
Por su parte, Rosa María Nava, comisionada de los pueblos indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, refirió que esta administración ha reafirmado el compromiso de protección a los derechos humanos de los colectivos indígenas a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, única instancia con la capacidad de intervenir en conflictos de esas comunidades que mantiene un permanente acercamiento con respeto a su diversidad y cosmovisión.
Adelfo Regino Montes, quien ha sido propuesto para encabezar el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la próxima administración gubernamental, destacó la importancia de que en espacios académicos como la UNAM se reflexione sobre los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en el artículo segundo de la Carta Magna y en el Derecho Internacional, para que los conocimientos generados se implementen para mejorar la situación de las comunidades indígenas en el país.
