Por cumplir con los compromisos adquiridos en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se corre el riesgo de apresurar la aprobación de una reforma laboral que no resuelva los problemas de impartición de justicia laboral, advirtió este lunes Darlene Rojas, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCACDMX).
Durante la presentación de su Sexto Informe de Gobierno, señaló que lo positivo del T-MEC es que obliga a México a garantizar el tema de la representatividad de los trabajadores en los sindicatos y contratos colectivo de trabajo, a fin de abatir los contratos de protección patronal.
Sin embargo, sostuvo que uno de los grandes obstáculos para la reforma laboral es el tiempo tan limitado que se dará para discutir la reforma en el Congreso, pues se tendría menos de dos meses para su discusión y aprobación si se quiere cumplir el plazo del T-MEC.
«Existe el riesgo de una imposición de la reforma, es decir, que por los tiempos cortos salga de esta iniciativa sin buscar los consensos con todos los sectores de la producción, algo que se debería privilegiar pues se deben dar espacios para el diálogo», expuso Rojas.
El T-MEC emplazó a México a aprobar las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, que entró en vigor el 24 de febrero de 2017, antes de que concluya el 2018.
Específicamente, el Capítulo Laboral incluyó un anexo sobre la representación de trabajadores en las negociaciones colectivas entre empresas y sindicatos, que obliga a México a reconocer ese derecho, y le fija un plazo, el cual incluso podría retrasar la vigencia del acuerdo comercial.
Sobre el problema de la representatividad de los trabajadores en sindicatos y contratos, Rojas dijo que la JLCA ha tomado medidas para el registro de contratos, esto independientemente de la reforma laboral.
En presencia del jefe de gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, Rojas indicó que en 2014 se tomaron medidas para archivar más de 40 mil supuestos contratos por no encontrarse activos, es decir, por no haberse revisado dentro de largos periodos.
«Esto nos llevó a presumir que los salarios ya no eran aplicables al no haber sido actualizados en un periodo de seis años atrás», expuso.
A pesar de ello, de noviembre de 2017 a septiembre de 2018 fueron depositados 6 mil 762 contratos colectivos, lo que sumado a los registrados previamente resulta en un total de casi 60 mil contratos depositados, 20 mil menos que los reportados en 2013.
La presidenta de la JLCA, la más grande del país por la carga laboral, consideró que el principal reto para la siguiente administración será la implementación de la reforma laboral, sobre todo en un contexto de austeridad que podría limitar los recursos a diversos entes de gobierno.
«Vamos a cerrar con 90 mil expedientes, esto significa que si queremos abatirla en un periodo corto de tiempo se requerirá mayor personal e inversión para abatirlo en los tiempos que se establezcan en los artículos transitorios de la reforma laboral», apuntó.
