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Condena Cámara de Diputados ola de feminicidios en Ecatepec

El Pleno de la Cámara de Diputados condenó el incremento de la ola de violencia de género y del delito de feminicidio en Ecatepec, y los legisladores exigieron al gobierno del Estado de México una respuesta inmediata.

En un pronunciamiento público, legisladores de todos los partidos políticos -incluido el PRI, al que pertenece el actual gobernador, Alfredo Del Mazo- exhortaron al gobierno estatal a que cumpla de manera urgente y prioritaria con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y, a la brevedad, ponga en marcha las medidas necesarias para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Aunque hubo referencias en general a la violencia contra las mujeres que se registra en todo el país, se dirigieron especialmente a los feminicidios ocurridos recientemente en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.

Se llamó también a todos los gobiernos locales a aplicar eficazmente las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de agresión contra la mujer.

Se llamó a las autoridades locales de los 15 estados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres a cumplir cabalmente con las acciones emitidas por los Grupos de Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario y hacer pública la información sobre las acciones que han emprendido, para atender la problemática en los últimos tres años, con el presupuesto de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, avalado en votación económica en el Pleno, pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) que atienda las observaciones finales del Noveno Informe Periódico de México, emitido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Solicitó a las autoridades federales y locales competentes que instalen una mesa de trabajo permanente con los familiares de las víctimas de feminicidio y personas defensoras de derechos humanos, en la que participen diputados locales y federales integrantes de las comisiones de Igualdad de Género y Justicia, y demás autoridades competentes.