Chetumal.- El Congreso de Quintana Roo aprobó el jueves la propuesta del diputado local Emiliano Ramos Hernández de aplicar un impuesto de saneamiento ambiental para Cancún, que comenzaría a cobrarse a partir de enero de 2019 y busca recaudar 90 millones de pesos en su primer año.
Este nuevo gravamen, que consiste en un cobro de 24 pesos por noche de hotel ocupada al turista, había sido eliminado por la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinoza, en la iniciativa de Ley de Hacienda 2019 que envió al poder legislativo para su aprobación el mes pasado, debido al el rechazo por parte del sector hotelero.
Sin embargo, durante la sesión de este miércoles, el diputado Ramos Hernández adelantó que el monto del que cobro de 24 pesos por noche de hotel ocupada al turista se aplicará para la mejora de la infraestructura urbana del propio municipio de Cancún.
Recalcó que en el primer año de aplicación de este impuesto, el destino quintanarroense obtendría 90 millones y en el segundo año de su aplicación alcanzaría hasta los 200 millones de pesos
El legislador, presidente de la Comisión de Hacienda, aseguró que el cobro no afecta ni a los hoteleros ni a la población del municipio de Benito Juárez, pues el turista es el sujeto obligado, aunque los recursos podrán ser utilizados en diversas áreas como el combate al sargazo o para concluir la red de drenaje que tanta falta les hace a los cancunenses.
Ramos Hernández recordó que este cobro se aplica desde 2017 en el municipio de Solidaridad y aunque en su momento generó gran descontento entre el sector hotelero, a la fecha no ha implicado ninguna pérdida de competitividad, ni cancelaciones, ni ningún otro tipo de afectación a la actividad turística como habían advertido que sucedería los empresarios.
Adelantó que además de Benito Juárez, este mismo cobro se someterá al pleno en el caso de Cozumel, mientras que ya había sido aprobado para los ayuntamientos de Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Amparos en puerta
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo asegura que hay materia suficiente para tramitar y ganar amparos en contra del recién aprobado cobro por derecho ambiental que aprobó el Congreso del estado para Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, puesto que contraviene el artículo 31 constitucional.
