La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) sugirió este lunes una discusión ‘seria’ sobre el desafío que enfrentan los sistemas de pensiones: beneficio definido y contribución definida que operan en México.
Sobre la posibilidad de poner este tema en la agenda de una nueva administración, la Consar explicó que la mayor parte de los esquemas pensionarios de beneficio definido (BD) se constituyeron hace cuatro o cinco décadas, en gran medida, bajo el amparo de criterios políticos más que técnicos. Actualmente, muchos de ellos enfrentan el reto de ser sostenibles.
Los esquemas de BD otorgan un «beneficio definido’, el cual está predeterminado con base a una fórmula establecida por el historial del salario de los trabajadores, el tiempo de cotización y la edad. En este esquema, los trabajadores activos aportan parte de su salario para financiar las pensiones de los empleados retirados, implicando una transferencia intergeneracional de recursos.
Por el contrario, en el sistema de contribución definida (CD), el trabajador y el patrón aportan una cuota a una cuenta individual y la pensión recibida depende directamente de las aportaciones del trabajador y el rendimiento acumulado de éstas, como las Afores.
Y es que si bien en México existe una mayoría de trabajadores bajo el amparo de un sistema contribución definida, sobrevive un sinnúmero de sistemas de beneficio definido (BD) en todo el país.
Por ejemplo, precisó la Consar, todos los trabajadores que actualmente llegan a la edad de jubilación y cotizaron antes de las reformas de 1997 y 2007 seguirán retirándose bajo las reglas del sistema de BD, el cual no dejará de tener obligaciones hasta que se extinga la generación de transición.
Asimismo, existen diversos regímenes de BD no reformados en universidades, estados y municipios que enfrentan diversos retos de sostenibilidad y de los que se tiene poca información.
En el estudio ‘Retos de los Sistemas de Pensiones de Beneficio Definido (BD)’, la Consar resaltó los retos de este sistema, entre los que destacan: transición demográfica; sostenibilidad fiscal; equidad intergeneracional; gobernanza; politización de los beneficios y valuación.
“México enfrenta un importante desafío en materia de pensiones. Si bien en México el foco suele estar en los retos de los sistemas CD, la realidad es que cualquier discusión seria sobre el futuro de las pensiones en México no puede soslayar la realidad de los esquemas de BD que aún sobreviven en el país, tanto los de las generaciones de transición como los esquemas puros de BD”, sentenció la Comisión.
Los sistemas BD, en caso de no estar debidamente fondeados, pueden llegar a comprometer la estabilidad de las finanzas públicas y representar una alta carga fiscal para la generación que se encuentra activamente en el mercado laboral.
Durante 2010, el gasto en pensiones en México representó 2.6 por ciento del PIB. Tan sólo seis años después, esa cifra pasó a ser de 3.3 por ciento del PIB y 17 por ciento del gasto programable.
La Consar añadió que las estimaciones futuras prevén que este gasto crezca al menos los próximos 20 años, dado que estará retirándose la mayor parte de la generación de transición.
La Comisión trae a colación las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en dicha materia, tales como, la flexibilidad de derechos y las capacidades internas de los fondos para poder realizar una correcta gestión de los riesgos que conlleva invertir en dichos instrumentos, ello para garantizar la viabilidad futura de los esquemas.
