CIUDAD DE MÉXICO.- El juez Tercero de Distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi, fue destituido este miércoles por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por corrupción y actuar en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia.
Esto luego de que en 2017 otorgó un amparo “liso y llano” a Diego Gabriel Cruz, uno de los llamados ‘Porkys de Costa de Oro’, acusados de violar a una menor de edad.
Se trata del tercer cese de juzgadores federales desde el 3 de enero pasado, cuando asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del CJF, el ministro Arturo Zaldívar.
“Como lo ha sostenido el Consejo de la Judicatura Federal, y su presidente el ministro Arturo Zaldívar, el compromiso ante la sociedad es cero tolerancia y combate a la corrupción”, dijo el organismo en un comunicado y explicó que la destitución se resolvió en la sesión del pleno realizada este miércoles.
“La responsabilidad de los juzgadores es máxima y esencialmente social. Las decisiones jurisdiccionales deben ser siempre instrumentos que impacten positivamente en las personas y generen un cambio social mediante sus precedentes, jamás estar sujetas a intereses particulares o económicos”, agregó.
Destacó que las áreas internas del CJF actuaron con absoluto profesionalismo en las investigaciones administrativas, siempre en apego al debido proceso, la presunción de inocencia y conforme a la Constitución.
En enero de 2015 se suscitó una agresión sexual en contra de una menor de edad. Los hechos ocurrieron en la zona turística de Veracruz-Boca del Río, pero la denuncia se presentó hasta marzo y se hizo público hasta enero de 2016. Por estos hechos fueron detenidas tres personas.
El 28 de marzo de 2017, el juez González Hemadi concedió un amparo a favor de Diego Gabriel, detenido como uno de los responsables del abuso. En ese entonces, el juez advirtió que no se probó el delito sexual que se le imputó al detenido y por el contrario estimó que la menor consintió el hecho.
En su sentencia, que dejaba en libertad al detenido, advirtió que un roce o frotamiento incidental no serían considerados como abusos sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costas de la víctima.
Dicha resolución obligó al Consejo de la Judicatura Federal a suspender al día siguiente al juez, frenar su decisión, e iniciar una investigación administrativa que concluyó con su destitución.
