El pasado martes 7 de agosto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, firmó un compromiso para recibir a José Luis Castillo, padre de una joven desaparecida, así como a los familiares de otras víctimas de la violencia en la entidad. Aunque la reunión estaba programada para realizarse hoy, el encuentro fue cancelado.
En conferencia de prensa, Castillo Rincón, padre de Esmeralda Castillo Rincón -desaparecida en octubre de 2009-, denunció que, a pesar de Corral accedió a recibirlos y firmó un compromiso para ello frente a los medios de comunicación durante la realización del primer foro para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, el mandatario estatal no realizó con el encuentro pactado.
“En la reunión acordada para este lunes, firmada por el gobernador, no hubo respuesta a pesar de su firma frente a AMLO. No hemos tenido respuesta ni justicia para encontrar a nuestra niña. Sí tengo el interés personal de encontrar a mi niña y por niña haré lo que tenga que hacer”, expuso.
También estuvo presente Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra -menor de 17 años de edad desaparecida el 14 de febrero de 2001 en la ciudad fronteriza-, refirió que en búsqueda de su hija ha sufrido dos atentados y, para salvar su vida y la de sus dos nietos, tuvo que salir huyendo de Ciudad Juárez para vivir en la Ciudad de México. Refirió que, desde 2016, le ha pedido varias audiencias a Corral, pero se ha negado a todas.
Acusó que Corral ha manipulado los expedientes para decir que su caso está cerrado: “El gobernador como licenciado sabe perfectamente que mi caso no está cerrado. El gobernador únicamente, como si nos amenazara, se refiere a mí y al señor Castillo como los instigadores de provocarle problemas por las desapariciones en esa entidad, sobre todo en Ciudad Juárez. Por algunos intereses personales que él tiene nos está atacando el gobernador”, afirmó.
Por su parte, David Peña, director jurídico del Grupo de acción por los derechos humanos y la justicia social, mencionó que el mandatario estatal de Chihuahua es responsable por omisión, pues ha permitido que se manipulen los expedientes para acusar a un supuesto agresor, Manuel Rivas, y presentarlo como chivo expiatorio.
La asesora jurídica, Karla Michel Salas, consideró preocupante que gobernador Corral declare que es un acto criminal el que realizan las familias de las víctimas por usar el dolor para genera problemas,por lo que la abogada respondió: “Lo que es criminal es que Corral utilice los medios de comunicación y los recursos a su alcance para criminalizarnos”.
