Previo a las reuniones que sostendrán con autoridades del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República por el caso del hackeo a bancos, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República denunció que, de enero a septiembre de 2017, se registraron 4.8 millones de reclamaciones por un posible fraude con tarjeta de crédito y débito, un 28 por ciento más que en 2016, cuando la cifra fue de 3.7 millones.
A través de la senadora María Verónica Martínez Espinoza, la bancada senatorial priista detalló que los medios donde se originó el posible fraude con tarjeta de crédito y débito fueron en el Comercio Electrónico (49%), en Terminal Punto de Venta (34%), en Comercio por Teléfono (11%) y en Cajeros Automáticos (3%).
La legisladora por el estado de Jalisco detalló que una de las irregularidades más constantes en la operación de la red de cajeros automáticos en todo el país es la promoción de préstamos, compra de seguros y donativos para diversas instituciones.
“Caso especial son los cajeros del Banco Santander, los cuales además de su mal estado, tienen un esquema de pantallas que prácticamente es imposible disponer de efectivo sin cometer un error y pedir un préstamo no solicitado, a tasas de casi el 40 por ciento”, mencionó.
Alertó que después de teclear el NIP, los usuarios se ven bombardeados por promociones de préstamos. Oculto, dijo, en la parte inferior izquierda de la pantalla aparece la opción de regresar al menú general para consultar saldo, movimientos o disponer de efectivo.
La senadora precisó que los préstamos ‘otorgados’ van de los 37 mil pesos hasta los 500 mil pesos. El crédito viene acompañado con la ‘obligación’, señaló, de contratar un seguro de vida, que, por supuesto el cuentahabiente tampoco quiere, ni autorizó, pero por el cual tendrá que pagar.
Lo grave es que, en muchos casos, los usuarios no se dan cuenta que les ‘autorizaron’ el préstamo personal o de nómina y al disponer de su quincena o de sus propios recursos, los bancos, en este caso Santander, da por sentado que se autorizó y dispuso del crédito.
“El viacrucis apenas inicia, ya que si bien es muy sencillo que te ‘aprueben’ un crédito que no se solicitó vía cajero automático, es burocrático, lento y engorroso el tratar de cancelarlo. La llamada ‘Superlínea’ remite a los cuentahabientes a ir a una sucursal.
En las sucursales aluden que debe ser cancelado vía telefónica. Al final, por fin, se accede en las sucursales a empezar el trámite de cancelación, mediante la entrega de una carta del cliente, donde solicita dicha cancelación. El trámite, en el mejor de los casos, puede durar varias semanas”, afirmó.
Mencionó que otro de los bancos que incurre frecuentemente en este tipo de “promociones” o prácticas en detrimento de sus cuentahabientes es Bancomer.
“Hay usuarios a los que les fue ‘concedido’ un crédito y por meses no se dieron cuenta de ello. Al final se les exigió pagar hasta 100 mil pesos por el préstamo, intereses y seguro”, puntualizó.
Ante esta situación, el PRI demandó a la Condusef a establecer sanciones a los bancos como Santander, Bancomer y otros que realizan este tipo de prácticas a través de los cajeros automáticos, así como una campaña de modernización de los mismos, en donde los menús sean más amigables y que no engañen, defrauden u obliguen a los cuentahabientes a contratar servicios o préstamos no solicitados.
