Fuente: cortesía
Londres se vistió de luto debido a un ataque terrorista el pasado 29 de noviembre. Usman Khan de ascendencia paquistaní, asesinó a dos asistentes a un evento sobre rehabilitación organizado por la Universidad de Cambridge e hirió a tres más. Finalmente fue sometido por el público, llegó la policía y finalmente lo mato.
Khan había sido arrestado en 2012, acusado de planear actos terroristas. Recibió una sentencia de 16 años; ya en la cárcel ingresó a un programa de rehabilitación y fue puesto en libertad condicional en diciembre de 2018 por buen comportamiento.
El terrorismo es uno de los delitos más sancionados en el mundo hoy en día. De hecho, en México, el Código Penal fue reformado en 2014 para contemplar sanciones por actos relacionados con terrorismo y crimen organizado.
El caso invita a reflexionar sobre las causas de la radicalización de movimientos religiosos y de los jóvenes que ingresan al crimen organizado, así como de los vínculos que pueden establecerse entre ambos. Además, es momento de repensar la efectividad de los distintos programas de readaptación que los defensores de derechos humanos promueven desde hace décadas en favor de los delincuentes.
Las explicaciones sobre la radicalización de los musulmanes varían, desde el sentido de la humillación histórico-cultural por la experiencia colonial hasta la falta de adaptación de los jóvenes migrantes en países europeos, por el rechazo que sienten en los países a los que fueron a asentarse sus padres o sus abuelos.
El caso de los jóvenes que se involucran con el crimen organizado es más mundano y se centra en la influencia directa del medio o, en el deseo de un enriquecimiento rápido. En ambos, terroristas y narcos se convierten en infractores perseguibles por la justicia.
La perspectiva de derechos humanos los contempla, no solo como delincuentes, sino como víctimas de un modelo social injusto que los empuja a delinquir. Por ello promueve la readaptación, como compromiso tendiente a rehabilitar a las “ovejas descarriadas”, para que tengan esa segunda oportunidad que todo ser humano merece, especialmente quienes la propia sociedad ha excluido de una u otra manera.
La idea no es mala, aunque los moralistas radicales solo piensan castigar, la redención cristiana no es una opción equivocada, pero hay que saberla implementar adecuadamente. Los regímenes penitenciarios no solo deben estar debidamente equipados para evitar hacinamientos y brindar un trato humanitario a los reos, sino puntualmente atendidos por especialistas, para brindar la ayuda psicológica necesaria que logre una verdadera rehabilitación. Las cárceles en nuestro país no cumplen con ninguno de estos requisitos, al contrario están internacionalmente reconocidas como escuelas del crimen.
Hoy sabemos que Khan pidió apoyo rehabilitador y le fue proporcionado negligentemente, salió en libertad condicional e irónicamente, en un evento en el que se discutían las ventajas de la rehabilitación, privó de la vida a dos jóvenes promotores de esa causa.
Sería conveniente que los sistemas penitenciarios de estados que se han vuelto conflictivos en nuestra frontera norte aprendieran la lección de Khan y se preocuparan más por un proceso de rehabilitación que efectivamente preparara a los delincuentes para una segunda oportunidad de convivir sanamente en sociedad.
Con el cierre del penal del Topo Chico en Monterrey y la construcción de un nuevo centro penitenciario en Mina se deben considerar condiciones mínimas que garanticen una reinserción social efectiva y no seguir reproduciendo las “escuelas del crimen” y lanzando a las calles a Khans en potencia.
El autor es Doctor en Relaciones Internacionales y Doctor en Historia. Docente-investigador del Instituto de Estudios internacionales “Isidro Fabela” de la Universidad del Mar. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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