Fuente: Cortesía
Este año abundan las consultas, pero no todas son de esas que urgen ser reguladas por ley en Nuevo León. Una consulta popular no es una consulta ciudadana, la pregunta de si ponemos un aeropuerto aquí o acá, no tiene la validez de una consulta popular (ni la formalidad, ni la certeza). Esta pregunta en formato de consulta popular hubiera pasado por dos momentos: “¿cancelamos el aeropuerto de aquí?” Y si ganaba el sí, “¿construimos el otro aeropuerto acá?” Como consulta popular hubiera sido imposible llevarla a cabo a como está la ley, porque esos dos momentos se hubieran llevado todo el sexenio del presidente.
La consulta que habrá en San Pedro la organiza el municipio, sí está regulada por el mismo municipio y es para las asociaciones de vecinos, para asignar un presupuesto en obras de la colonia. Hay que ver cómo la diseñan. En la ley local sí aparece dentro de la figura de presupuesto participativo y como consulta ciudadana, no se dice el cómo, cuándo y bajo qué condiciones. Digamos, el municipio está siendo proactivo al llevarla a cabo.
La Consulta NL, que hace el Gobierno del Estado, la organiza el Consejo Nuevo León junto con otras dependencias de gobierno y no se trata de responder sí o no, sino de elegir aquello que nos parece más importante como ciudadanos para que el gobierno ajuste el Plan Estratégico NL 2015-2030.
Y las consultas populares reguladas por ley en nuestro estado aún no existen, hay dos en proceso de validarse a través de firmas ciudadanas y, si juntan el número suficiente, pasan a la aprobación del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En el segundo semestre de este año sabremos si hay o no consultas válidas.
No es lo mismo preguntar si se ponen estaciones de primeros auxilios en parques estatales –consulta popular que ya tuvimos–, a preguntar si modificamos la ley electoral o convocamos a una asamblea de constituyentes para reformar la Constitución del estado. No es lo mismo, porque la primera es más práctica, el gobernador la puede hacer, pero prefirió preguntar; mientras que las otras dos requieren de un largo proceso de debate, de expertos en diferentes áreas, de técnica legislativa y de intereses políticos. Estas últimas son las consultas en proceso de validarse y se ajustan más a la idea de una consulta popular.
Consultar está tomando su importancia, le da fuerza a una decisión de las autoridades, legitima una toma de decisiones bajo ciertas condiciones. Las investigaciones indican que una persona que participa en –cierto tipo de– consultas se compromete con la decisión y con quien pregunta, siempre que haya una convocatoria realmente pública a participar, esto es, que sea imposible no saber que algo se va a preguntar.
Se percibe como cierta esta consulta si existe algún tipo de retroalimentación, de publicación –publicidad efectiva– de los resultados. Es interesante que no importa que la decisión sea diferente a lo que yo espero, siempre y cuando se advierta que hay otras personas participando.
Y hay más condiciones para el éxito de una consulta, pero falta el fondo en el estado y en el país: leyes claras. Leyes que agilicen los procesos de firmas, verificaciones, validaciones y votaciones; que diferencien entre una pregunta de fácil implementación a una de complejidad legislativa, por ejemplo; que permitan el eficiente de las tecnologías de comunicación y también abran los espacios públicos para la participación en cualquier forma.
Que sigan las consultas, que se vuelvan una costumbre, que nuestros legisladores dejen de estar peleando por leyes que reprimen derechos para atender a estas que los multiplican.
Y sí, me refiero a la represión que conlleva la Ley del Derecho a la Vida.
La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.
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