Inicio México De qué se trata el conflicto de la granja porcícola en Homún

De qué se trata el conflicto de la granja porcícola en Homún

Desde hace dos años, el municipio de Homún, una localidad con menos de 8 mil habitantes, se encuentra en conflicto a causa de la instalación de una granja porcícola en el noreste de la demarcación.

Hasta la última semana de octubre, de acuerdo con abogados opositores a la granja y en palabras de uno de los socios, la granja aún mantenía actividad para mantener a los cerdos en buen estado.

El caso cobró notoriedad luego de que a principios de octubre, una jueza ordenó la suspensión de operaciones en la granja tras conceder un amparo a la representación legal de un grupo de seis menores de edad, quienes reclamaron su derecho al agua, el medio ambiente y la aplicación del principio precautorio ante un posible riesgo de contaminación del agua en el subsuelo.

Apenas el pasado miércoles 24 de octubre, una jueza de distrito ordenó que en un plazo máximo e improrrogable de cinco días hábiles, que concluye esta semana, se tiene que hacer cumplir la resolución para “paralizar” las operaciones de la granja porcícola en el municipio de Homún y que ha causado división entre los pobladores. La empresa sostiene que su granja no contamina pues cuenta con tecnología para no producir descargas de agua que puedan afectar el líquido en el subsuelo.

Pero, ¿cómo comenzó este conflicto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen las partes involucradas?

Aquí te presentamos el desarrollo de la historia y cómo lo han vivido sus involucrados.

El tema de la granja comenzó la segunda mitad de 2016, cuando la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) solicitó a la administración del municipio de Homún, entonces a cargo del priista Enrique Echeverría Chan, el cambio de uso de suelo de un predio al nororiente de la localidad, cerca del camino que conecta con la localidad de Hihú. En esa área se buscaba instalar una granja porcícola con capacidad para la crianza de 49 mil 252 cerdos en 2.12 ciclos anuales de 23 mil 232 cerdos.

Los pobladores señalan que la granja proveería de cerdos a la empresa Kekén, propiedad de grupo Kuo, cuyas plantas procesadoras cerca de la capital yucateca recibirían la carne. Hasta el momento, el vínculo con la granja en conflicto no ha sido negado por la empresa.

Ante la solicitud, el entonces alcalde decidió aprobar el 13 de octubre de 2016 la licencia de uso de suelo y el permiso de construcción correspondiente; la determinación se dio sin una sesión de cabildo de por medio.

“El presidente municipal autoriza el cambio de uso de suelo como si hubiera sido una zona urbana y lo hace sin siquiera convocar al cabildo, de entrada esa autorización es ilegal”, comentó Raziel Villegas, abogado del grupo de cenoteros Guardianes de los cenotes, en entrevista con El Financiero.

Tiempo después, pobladores protestaron en contra de la decisión, por lo que el alcalde decidió echarla abajo luego de una sesión de cabildo el 29 de junio de 2017, más de ocho meses después. La notificación se envió a la empresa el 7 de julio de ese año.

“Nos quisieron quitar un papel que ya nos habían dado, ahí es donde empiezan nuestros problemas legales”, recordó Ricardo Díaz Montes de Oca, representante de Papo, en entrevista para El Financiero.

En ese documento, el argumento fue el considerando Trigésimo Primero del decreto que creó la reserva geohidrológica del Anillo de Cenotes en Yucatán. Ese apartado señala que “los municipios que convergen en la zona propuesta como reserva geohidrológica, cuentan con un gran potencial para el desarrollo turístico sustentable, relacionado en actividades con el cuidado y la preservación de los cenotes, cuevas y grutas, el paisaje natural, producción orgánica, manejo de la diversidad biológica, de la flora, de la fauna, de las especies en peligro de extinción y de los espacios particularmente vulnerables; generando estilos de vida que ofrezcan oportunidades para el turismo rural en casas de campo, las tradiciones, costumbres y la participación social en actividades de saneamiento y restauración de ecosistemas degradados”.

Tras ello, los representantes legales de la granja emprendieron un juicio de nulidad que revalidó la autorización original que dio el alcalde, pues una autoridad no puede echar abajo sus propias decisiones, detalló el abogado Raziel Villegas.

El 28 de octubre de 2013, el gobierno de Yucatán, entonces encabezado por Rolando Zapata Bello, decretó la creación del área natural protegida llamada “Reserva estatal geohidrológica del Anillo de Cenotes”.

Los opositores a la granja han alegado desde un principio que Homún se encuentra en esta zona de la reserva geohidrológica, que va del centro a la costa de la entidad. En ella se ubican distintas fuentes del área de recarga de agua subterránea yucateca.

“Se prohíbe realizar actividades que por su naturaleza impacten significativamente u ocasionen en el corto, mediano o largo plazo, impactos adversos al medio ambiente o a los ecosistemas”, expone el artículo 8 del decreto.

En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de la que El Financiero tiene copia, Papo reconoce que la granja se instalará en un Área Natural Protegida a la vez que menciona que no se afectará a ninguna zona de este tipo, dado que “únicamente se cuentan dentro del predio con zonas de encharcamiento por lo que se promoverá la construcción de pasos de agua para favorecer el flujo del agua en la superficie del predio y evitar represionamientos”.

En la MIA, que Papo presentó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) de Yucatán, la empresa reconoce que puede haber impactos moderados al ambiente; y en el caso particular del agua, explica que cuenta con distintos instrumentos para mitigar dicho impacto.

En materia de aguas residuales, se plantea que la granja “captará los desechos (excreta y heces) dentro del área de la nave para ser enviados a un sistema de tratamiento que contará con un biodigestor, laguna de aireación, tanque de cloración, y el efluente resultante será dispuesto a riego”.

En la MIA se detalla además que serán dos biodigestores con capacidad para 4 millones de galones (15.1 millones de litros), así como una laguna de 13.7 mil m2 por 1.5 m de profundidad. También se instalará un cárcamo de bombeo y quemadores de biogás.

No obstante esto, la propia manifestación reconoce que habrá un impacto en las aguas subterráneas de la zona, la cual es propensa a contaminarse.

De acuerdo con Diana Cabañas, especialista en ingeniería ambiental de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), y quien estuvo durante la primera sesión de la comisión especial del Congreso para dar seguimiento al caso de la granja en Homún, es posible operar una granja de este tipo pero con un proyecto de tratamiento de agua.

“Sí es viable si se construyó lo que está en el papel (la MIA) y si se monitorea adecuadamente.

“Las granjas de cerdo en general, no esa, son una fuente de muchos contaminantes para el manto freático. Ahora, ¿se puede o no se puede hacer una granja? Desde el punto de vista de la ingeniería, sí se puede si le pones un sistema de tratamiento de aguas adecuado”, dijo en entrevista con El Financiero.

En un análisis de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst (AMEK), se expone que la zona no es apta para el desarrollo de actividades como las de la granja, dado el tipo de suelo que hay e la zona.

“Debido a las características biofísicas que posee el territorio en cuestión (suelos delgados, acuífero poco profundo, gran cantidad de cenotes y alta biodiversidad), las actividades agropecuarias intensivas, como las megagranjas de cerdos, son un peligro eminente para el acuífero y es una actividad no compatible con el desarrollo local ya que la gran cantidad de desechos, aun con el uso de biodigestores, requiere una disposición final para la cual no hay un sitio adecuado y cercano”, explica el documento.

En entrevista con El Financiero, el representante de Papo, Ricardo Díaz Montes de Oca, señaló que no hay riesgo alguno de contaminación pues la granja no causaría descarga alguna de aguas residuales, gracias a que cuenta con una planta de tratamiento del líquido.

Nuestra planta no descarga, tiene ocho procesos y finalmente cuando el agua ya está prácticamente cristalina, tenemos dos filas: o la usamos nuevamente en la granja para los sistemas de limpieza o la podemos utilizar para riego y por la calidad de agua que tenemos, nos sirve para plantas para consumo humano”, destacó el también socio de la empresa. Para ello, la granja cuenta con 25 hectáreas de cultivo para riego.

“Toda el agua se vuelve reciclable, reutilizable, y eso hace que nosotros seamos los que menos agua demandamos para nuestra operación al volverla a reutilizar”.

Entre los impactos que menciona la MIA, se afirma que la población de Homún y municipios circundantes podrían ganar con la generación de empleo.

En este sentido, la empresa expuso que la oferta con este proyecto es de 480 empleos directos durante sus diversas etapas. Aunque el documento sólo detalla que para la fase de construcción y preparación del sitio se contemplaron 74 empleados; mientras que para la operación y mantenimiento de las granjas suman otros 45, lo que da un total de 119 puestos.

De acuerdo con Díaz, la primera etapas generaría unos 50 empleos y se abrirían unas 25 plazas más, incluidos los trabajadores del área de cultivo , ya cuando esté funcionando al 100 por ciento la granja, es decir, 75 empleos.

Para los vecinos de la localidad, la presencia de la empresa podría darles mayores oportunidades de trabajo, por lo que no comprenden la oposición al proyecto de parte de los cenoteros.

“Yo podría ir a pedir trabajo de cocinera”, comentó la señora Ramona, vecina de la localidad y quien está a favor de la granja de Papo, en entrevista con El Financiero.

Otro de los impactos que tendría la instalación de la granja es a los recursos forestales. En un dictamen forestal entregado por parte de los empresarios a la Seduma, se argumenta que el terreno fue usado para la siembra de henequén hasta hace unas cuatro décadas; luego se destinó a la agricultura de temporal y finalmente, pasó 18 años abandonado, y usado para pastoreo, coto de caza y área de extracción de leña.

En contraste, el mapa de usos de suelos del Inegi muestra que la zona trazada para la instalación de la granja, en colindancia con el municipio de Huhí es de tipo forestal, con vegetación de selva subcaducifolia.

Este mapa “muestra la distribución del uso del suelo agrícola, de la vegetación natural e inducida del país, además indica el uso pecuario y forestal y otros usos que se presentan en el territorio relacionados con la cubierta vegetal”, de acuerdo con el Inegi.

En su sitio de internet oficial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instancia del gobierno federal, explica que si un particular busca construir dentro de zonas forestales del país y ello implica remoción parcial o total de vegetación forestal para actividades no forestales, requiere de un trámite ante esa instancia para el cambio de uso de suelo.

A este respecto, en la MIA la empresa sostiene que la vegetación en las inmediaciones de la granja es de selva baja caducifolia, “la cual se encuentra en buen estado de conservación. Por lo anterior mencionado, se concluye que en el área de influencia del sitio del proyecto no se pone en riesgo ningún componente ambiental por la implementación del proyecto en cuestión”.

El 9 de marzo de 2017, la Seduma notificó a la empresa el inicio de la evaluación de la MIA, misma que autorizó el 18 de agosto del mismo año. La publicación de la Autorización de Impacto Ambiental dio un plazo de un año a la empresa para culminar las obras correspondientes a la granja en el predio de Homún, con la condición de que tuviera al menos un avance del 30 por ciento para ese plazo, o de lo contrario, perdería validez y tendría que volver a solicitar esa autorización.

Sin embargo, dicha solicitud no contemplaba los permisos que había que demandar a autoridades federales, dado que la zona de Homún se encuentra en un área forestal, por lo que cualquier cambio en ese tipo de espacio se tiene que tramitar ante la Semarnat, acusó Villegas.

” La granja está en un área natural protegida a nivel estatal, de entrada solo por eso no debió haberse autorizado”, dijo.

“Los evalúa la Seduma cuando tenía que haberlos evaluado la federación, no solo por los terrenos forestales sino porque además va a haber descargas de aguas residuales, porque se va a obtener agua de cuerpos de agua de competencia federal, porque va a haber manejo de residuos peligrosos desde el punto de vista de biológicos-infecciosos, por las vacunas, por los garrapaticidas, por tanto químico que se va a emplear en el tratamiento de los marranos”, comentó.

Blanca Vidal

Para el 31 de agosto de 2017, habitantes y cenoteros de Homún, enterados de que se construiría la granja en su localidad, y con el argumento de que se trata de una comunidad indígena maya, se organizaron para formar la agrupación “Kana’an Ts’onot” (Guardianes de los cenotes), con el fin de organizar una “autoconsulta” al pueblo maya de Homún para que se decidiera sobre la construcción de la granja, misma que ya estaba en curso.

Para ello, se respaldaron en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Dicha consulta se celebró el 8 de octubre de 2017, con la participación de 789 personas, de las cuales 732 votaron a favor, 52 en contra y 5 nulos. El grupo de cenoteros ha defendido con este argumento que por el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, la granja no tendría derecho a operar ante la decisión manifestada en la consulta.

Algunos vecinos que están a favor de la instalación de la granja desconocen la validez de este instrumento.

“No tiene sustento jurídico. No intervino el Iepac (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán) ni el INE (Instituto Nacional Electoral). No fue convocada a que la población participe”, acusó Feliciano Pool Ek, habitante de Homún, quien apoya la instalación de la granja.

En entrevista para El Financiero, criticó que la participación en la consulta fue de alrededor del 10 por ciento de la población del municipio y que por ello no representa la voluntad de la comunidad. Por lo que, comentó, actualmente se encuentra recolectando firmas para convocar a una consulta con respaldo de las instituciones electorales.

En febrero de 2018, ante las protestas de los habitantes de Homún en contra de la granja, el titular de la Seduma expuso que su instalación era viable, aunque en ese momento aún no podía operar porque no estaba lista la planta de tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con el representante de la granja, esta ya está lista desde mediados de septiembre, cuando empezó a operar formalmente la instalación.

El 9 de octubre, durante una inspección judicial, funcionarios del juzgado acudieron a la granja para verificar el estado en que se encontraba y dijeron que la parte del tratamiento de agua no estaba lista aún.

“Le faltaba lo que pudieron corroborar (…) del mismo dicho del dueño, del ingeniero, todo el sistema de riego que es donde supuestamente las aguas van a ser tratadas para agua de riego, no estaba armado.

“Otra cosa que causó preocupación fue que la planta tiene distintos pozos, cárcamos, donde se van a cumulando los desechos, y esos van a un espacio donde se acumula todo . (…) No se pudo verificar si tuvieran una medida que garantice que no haya filtrado (al subsuelo)”, expuso Jorge Fernández, abogado de Indignación, que promovió el amparo de los seis menores de edad de Homún en contra de la granja, en entrevista con El Financiero.

Al respecto, Díaz Montes de Oca insistió en que esa parte entraría en operaciones de forma modular, por lo que estaría completa tiempo después de que la granja ya estuviera en funcionamiento.

A finales de septiembre de 2018, la representación legal de un grupo de seis infantes y adolescentes de Homún, encabezada por el grupo Indignación, presentó un amparo para proteger su derecho al agua, un medio ambiente sano y el principio precautorio.

“La operación de la granja porcícola afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico”, reconoció como posibilidad y riesgo la Jueza Cuarto de Distrito del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, al ordenar la suspensión a principios de octubre, dictada de manera provisional como medida cautelar, de las operaciones de la granja.

La decisión de suspender las operaciones fue ratificada de forma definitiva en el marco de este juicio el 9 de octubre, con lo que además se instruyó al gobierno del estado como a la Seduma y al gobierno del municipio de Homún que informaran en un plazo de tres días las acciones tomadas para el cese de las operaciones de la granja.

Finalmente, el pasado 24 de octubre, la misma jueza ratificó la medida cautelar de suspender las operaciones en la granja y dio un plazo improrrogable de cinco días para cumplir con dicha orden, mismos que se cumplen esta semana.

“Las partes presentes en el presente asunto deben entender por paralización de operaciones que sólo se lleven actividades tendientes a mantener con vida a los cerdos (…) en tanto son sacados de la granja para que eventualmente esté suspendida toda actividad y se dé cabal cumplimiento a la suspensión”, refirió la jueza, de acuerdo con un comunicado del grupo Indignación.

Ante ello, el representante de la empresa consideró que se trata de un exceso de parte de la jueza, pues no se le había dado valor a las pruebas que presentaron de que la planta de tratamiento de agua no hacía descargas al manto freático.

“No hay posibilidad de que se cumplan los temores que dicen que voy a contaminar. Creo que era un poco ligero al decir que eran inminentes los riesgos, creo que interpretó mal el perito que mandó”, comentó el representante de Papo a El Financiero.

Al 30 de octubre, la granja seguía en operaciones con alrededor de 32 mil cerdos en su interior, mientras los abogados de la empresa Papo buscaban ampliar los plazos para cumplir con el cumplimiento de las órdenes.

“(Lo que ordenó la juez fue) en el orden de que cada uno de los actores en el orden de sus competencias verifique la suspensión de actividades. Entonces tiene que ser en el orden de sus competencias y lo tiene que clarificar la jueza, porque cada dependencia, cada actor que está dentro de este litigio tiene sus partes que lo comprometen la ley, nada más eso tiene que clarificarlo”, explicó Díaz Montes de Oca.

El 8 de octubre, tras el anuncio de la orden de suspender las operaciones en la granja, el Congreso de Yucatán creó una comisión temporal especial para darle seguimiento al caso. En un comunicado del Congreso, se explica que la comisión buscaría mediar en busca de la solución del conflicto.

Dicha comisión convocó a las partes involucradas el pasado lunes 22 de octubre, reunión en la que participaron representantes de la empresa Papo, el presidente municipal actual, Manuel Chi Chin, así como los representantes legales de “Guardianes de los cenotes” y de la asociación civil Indignación.

“Se acordó revisar la legislación vigente (…) Se acordó modificar las leyes necesarias para garantizar que a partir de ahora ya no se contamine el agua en la medida de nuestras realidades ante los hechos posibles”, dijo a El Financiero la diputada Silvia López, presidenta de la comisión.

“Ese sería el objetivo de la comisión”, enfatizó.

La diputada Leticia Euán, secretaria de la comisión, expuso que el trabajo de la comisión se centrará en la revisión de las leyes actuales para defender y promover el cuidado del agua en la entidad.

“(El objetivo es que) con esta experiencia, rediseñemos el marco legal”, expuso Carlos Oropeza, asesor de la legisladora.

El lunes 5 de noviembre, los integrantes de la comisión especial realizaron un recorrido por las instalaciones de la granja en Homún para conocer el estado del lugar y la planta de tratamiento de agua que, de acuerdo con el representante de la empresa, es “cero descargas” al manto freático.

Tras la visita, la presidenta de la comisión consideró que la planta puede operar en buenas condiciones y respetando la ley.