Fuente: Cortesía
En el 2014 se le aventaron -nos le aventamos, dijo el otro- a la yugular del Presidente Enrique Peña Nieto porque dijo palabras más, palabras menos, que la corrupción es y ha sido un tema que es parte de la humanidad, es cultural e inmerso en el orden social.
¿Qué ha pasado desde entonces? Pasó que 12 de 32 gobernadores están en la cárcel o en juicio o fugados. De acuerdo a un informe del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, ha habido 47 gobernadores acusados por corrupción, se han investigado a 22 de ese total y han sido detenidos siete de ellos.
También pasaron leyes. De acuerdo a la página del Sistema Nacional Anticorrupción: “los últimos años han estado marcados por importantes reformas constitucionales y la creación de nuevas leyes que constituyen el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción.”
Es todo un entramado de leyes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; de Responsabilidades Administrativas; del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; el Código Penal Federal y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
No han pasado un par de cosas que a mi juicio son muy necesarias. Una es evidente y quizá la otra no lo es tanto. Me refiero al nombramiento del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y a cambios en la percepción popular.
No es de extrañar que no se haya dado dicho nombramiento. Nada más abra la rendija tantito como para que quede en manos de los partidos políticos algo -lo que sea- y le dan en la torre. Meten las manitas y meten la patita.
Para comentar el tema de la percepción popular, hace falta recordar otro evento que sucedió hace unas cuantas semanas y que no se le reconoció el impacto adecuado. Me refiero al intento de asesinato de quien integraría -al menos en un principio fue lo que se informó- una nueva categoría de criminales: el negocio del “factureo”.
La venta de facturas con fines de deducción fiscal se ve que es lo de hoy en el mundo criminal. Seguramente (espero no estar equivocado) las grandes empresas que cotizan en bolsa no las utilizan sino muy probablemente sean las medianas y pequeñas empresas.
Por un lado, si no se hubiera quitado la obligación de llevar a cabo auditorías anuales, habría un apoyo a la autoridad en detectar el uso de facturas apócrifas. (Disclaimer: estoy asociado a una firma que lleva a cabo auditorias). Pero por el otro lado, independientemente de las auditorías, está el tema inicial de esta columna: es corrupto quien utiliza dichas facturas.
Aquí es donde entra el tema de la percepción: no hablamos del “corrupto gobierno”, ni de los corruptos políticos, ni las tradicionales categorías a las que les achacamos la corrupción.
Son muchos de los que intentan dar la imagen de puritano con aires de superioridad moral. Todo el que use este “servicio” no se puede auto-justificar con que “no pago impuestos porque se lo van a robar”. No hay leyes ni auditorías, ni reglamento que valga: uno actúa correctamente o no.
El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría en Alta Dirección de Empresas, en el IPADE. Se desempeñó como Director General de entidades del área Internacional en Santander Serfin. Es Director del programa OneMBA y tiene su Despacho asociado con Crowe Horwath para proporcionar asesoría en temas de Finanzas Corporativas.
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.
