El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, urgió al Poder Legislativo a organizar un debate público nacional, en un periodo extraordinario de sesiones en los meses de mayo o junio, en donde se discuta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2014 del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La Cámara de Diputados está obligada a abrir un amplio debate para analizar y aprobar el documento rector de las políticas públicas de la Cuarta Transformación”, dijo.
Explicó que, después de la reforma constitucional del 2013, se otorgó a la Cámara de Diputados la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Los legisladores recibirán la propuesta del Poder Ejecutivo el próximo día 30 de abril.
Advirtió que aunque la Ley de Planeación establece que si la Cámara de Diputados no cumple con los plazos se dará por aprobado la propuesta del Ejecutivo, “no habrá afirmativa ficta y el Poder Legislativo deberá asumir su responsabilidad constitucional de aprobarlo y citar a un periodo extraordinario luego de un amplio debate nacional”.
“A partir de ello, estamos obligados a que en los meses de mayo y junio se reúnan las instituciones educativas, los grupos económicos y las organizaciones sociales, para alcanzar un acuerdo fundamental en torno a los cambios democráticos, las políticas contra la pobreza, el crecimiento de la economía y la pacificación del país”, afirmó el diputado Ramírez Cuéllar.
Consideró que “el país demanda un nuevo Acuerdo Nacional; entre todos debemos de construir las certezas sobre las políticas y los cambios que deben ocurrir en México en los próximos seis años. El propósito es también, el de construir una corresponsabilidad entre los Poderes de la Unión y los diversos sectores de la sociedad”.
“La propia Ley de Planeación y la aprobación por parte de la Cámara de Diputados pueden ser garantía de que el nuevo PND no será un ‘documento muerto’; está la exigencia de plasmar políticas y programas concretos, establecer metas y llevar a cabo la evaluación anual de objetivos”, insistió el legislador.
“Lo acordado en el mes de junio por los legisladores adquiere carácter de mandato, cuya aplicación no puede quedar a la discrecionalidad de los Poderes. Estamos convencidos que el viejo formato, en donde sólo se redactaban promesas de campaña, sin proponer ningún mecanismo de fiscalización ni rendición de cuentas, se encuentra agotado y es insostenible”, puntualizó.
Reconoció que “es cierto que aún no existe el reglamento de la Ley de Planeación y que la actual Ley Orgánica del Congreso de la Unión no establece el procedimiento detallado para la elaboración del dictamen y su presentación en el Pleno; pero ello se puede superar con el procedimiento que acuerden la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados”.
