Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia aprobaron, en lo general y particular, este lunes la reforma para tipificar como delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas y la creación de empresas ‘fantasma’.
La votación se dio de la siguiente manera: 22 votos a favor de la Comisión de Hacienda y 11 a favor de la de Justicia; 3 en contra de la de Hacienda y 7 en contra de la de Justicia; así como 2 abstenciones por cada comisión. Se remite a la Mesa Directiva de Diputados para discutir la s reservas.
Este proyecto de dictamen propone cambios en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
Propone, entre otras cosas, que a los ciudadanos acusados de delitos de defraudación fiscal y venta o compra de facturas falsas se les aplique prisión preventiva oficiosa y se considere como delincuencia organizada.
Este dictamen señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
También propone aumentar las penas, por ejemplo, sanción de cinco a ocho años de prisión a quien por su propia cuenta o terceras personas, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
Prevé las mismas sanciones a todo aquel que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
Durante el análisis, el diputado Carlos Valenzuela, del PAN, dijo que la consideración de aprehensión de empresarios no es solo los que sean ‘factureros’, y señaló que «lo dejaron muy abierto», por lo que corre peligro cualquier empresario que alguien con dolo le siembre una factura falsa y que pueda incurrir en un supuesto delito.
«Cuando uno de esto empresarios caigan y sea una medida de terrorismo fiscal, y no sea para empresarios de oposición, porque sí es así los empresarios sabrán quienes fueron los verdugos de este terrorismo fiscal», dijo.
«Queremos saber porque queremos poner una reforma que va a disparar el delito de la evasión, habrá menos personas que quieran meter facturas por temor», agregó Valenzuela.
Mientras que la diputada Verónica Juárez Piña, dijo que «desde que discutimos la prisión preventiva oficiosa, el PRD fijó muy clara su postura, estamos convirtiendo la prisión preventiva oficiosa que debería ser una excepción en normalidad y eso me parece delicado».
Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha expresado que no están conformes con el dictamen para combatir a empresas fantasma que emiten facturas falsas.
«Vamos a seguir insistiendo en los puntos que consideramos faltan. Nos preocupa la protección al contribuyente, que no se sienta amenazado», señaló el sábado Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Previamente, el Pleno del Senado aprobó este dictamen.
Los diputados de Morena perfilan que el dictamen sea discutido y aprobado en el pleno de San Lázaro en la sesión del próximo martes.
