Por unanimidad y con 444 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reforma al artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para establecer que las empresas tendrán la obligación de garantizar a esta población su protección y el acceso a una vida digna y con calidad.
La reforma establece que las personas adultas mayores deberán gozar de las prestaciones de ley que ofrece la Ley Federal del Trabajo en sus respectivos empleos, y se les reconozcan sus roles laborales.
En las consideraciones del dictamen se añade también que la iniciativa privada tiene la obligación de garantizarles el acceso a los programas que tenga por objeto posibilitar el ejercicio del derecho, lo cual resulta loable para constreñir y ligar laboralmente al sector privado con la población adulta mayor.
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la diputada María Ester Alonzo Morales, del PRI, expuso que la seguridad de los adultos mayores debe convertirse en una prioridad, pues este segmento de la población se encuentra con obstáculos que le impiden la entrada al mercado laboral, la obtención de un empleo de calidad o el retiro digno de la vida laboral.
Mencionó que en México, la edad de retiro laboral está regida por disposiciones legales y por una variación según la ley que la regula, que oscila entre los 60 y 65 años; sin embargo, al llegar a estas edades, hay quienes continúan trabajando como resultado de un deseo personal o bien de la necesidad económica ante la falta de una jubilación o pensión.
Se estima que en el país hay más de 15 millones de adultos mayores y el 41 por ciento son económicamente activos; de los cuales, solo 3.8 por ciento se emplea en sectores de la economía formal y un 96.2 por ciento carece de seguridad social por estar empleado en la informalidad.
Expresó que la situación actual del país señala que la mayor parte de las personas con 60 años o más, no gozan de prestaciones laborales, lo que los coloca en un escenario de desprotección total; de no atenderse, habrá serias consecuencias para esta población y augura una nación con altos índices de adultos mayores en situación de pobreza.
Por eso, llamó a tomar acciones inmediatas desde el Poder Legislativo para fortalecer medidas de seguridad social y laboral que brinden una vida digna a los adultos mayores. Por ello, se debe incluir al sector privado en el cumplimiento de los derechos de esta población y de quienes se benefician con su trabajo.
Con ello, los adultos mayores podrán tener plena seguridad de que sus derechos serán garantizados; se logrará incluir al sector privado como copartícipe del respeto a los derechos de las personas adultas mayores; señalar a esta población como prioritarios en la atención de asuntos laborales, reconocer sus roles sociales y laborales y, por ello, debe ser una prioridad de Estado atenderlos.
Además, se plasma que las prestaciones de ley deben ser parte de las remuneraciones de los adultos mayores y que el Estado está obligado a ejercer políticas para que esta población reciba las prestaciones como trabajadores.
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