La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados dio revés a la propuesta del Ejecutivo de crear un Comité integrado por autoridades de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que evaluaría las planeaciones fiscales de las empresas como parte de los esquemas reportables.
Este mecanismo ha sido calificado por el sector privado como una medida “inquisitiva”.
El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso adicionar en el Código Fiscal de la Federación (CCF) el Título Sexto sobre la Revelación de Esquemas Reportables, el cual consiste en un nuevo régimen que proporcionará información sobre temas que las autoridades fiscales han identificado como áreas de riesgo.
En el dictamen con proyecto de decreto, que aprobó esta mañana la Comisión, se establece que “se está de acuerdo en que se implemente un régimen de revelación de esquemas reportables en México. Sin embargo, no se estima viable la propuesta en lo relativo a que exista un Comité que reciba y analice los esquemas revelados, y que deba dar a conocer su opinión de forma vinculante”.
Entre los argumentos de los diputados para echar atrás ese Comité está el relacionado con que dicha mecánica podría suponer un “grave riesgo operativo” para el SAT, en virtud de que tendría que pronunciarse en conjunto con la SHCP respecto del esquema de cada uno de los contribuyentes y asesores fiscales, además de tener que cumplir con las funciones ya previstas a cargo de dicho órgano desconcentrado.
“Por lo anterior, se elimina la existencia de un Comité para analizar los esquemas reportables revelados, así como la obligación de emitir un pronunciamiento respecto de los mismos”, suscribe el dictamen.
La propuesta de Hacienda también establecía que los asesores tendrían que revelar al Gobierno federal información relacionada con los planes fiscales de sus clientes, lo que generó inquietud entre el sector privado porque dejaba abierto ese punto y no se especificaba qué tipo de asesores tendrían dicha obligación ni tampoco qué tipo de esquemas serían reportables.
En seguimiento a esas inquietudes, la Comisión aprobó que los asesores fiscales serán los obligados principales a revelar los esquemas reportables, y que deberá entenderse por esquema reportable cualquiera que pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las características identificadas como áreas de riesgo.
“Un asesor fiscal será entendido como cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su actividad, sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable o quien pone a disposición un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero”, expone.
Los diputados coincidieron en que los esquemas reportables sean clasificados en generalizados y personalizados, y que una vez que el esquema haya sido revelado, el SAT emita un número de identificación del mismo para que sea incluido en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes a partir de la implementación del esquema.
“Se coincide con el Ejecutivo Federal en prever que, si existen varios asesores fiscales respecto de un mismo esquema reportable, será suficiente con que uno de ellos presente la información a la autoridad fiscal para considerar que todos han cumplido la obligación de revelar”, se lee en el dictamen.
En tanto, la Comisión de Hacienda consideró “oportuno” reducir el número de características de un esquema para ser considerado reportable, para limitar el régimen únicamente a las operaciones que generan “verdaderos riesgos” y evitar así cargas administrativas innecesarias.
Lo anterior al tener características tan generales, que ocasionarían que un elevado número de esquemas de planeación sea considerado reportable, o llegar al “absurdo” de que casi cualquier esquema deba informarse a la autoridad, sin suponer verdaderas áreas de riesgo identificadas.
Finalmente, la Comisión no consideró acertado que el SAT lleve a cabo un registro de asesores fiscales, debido a que supone una carga administrativa innecesaria, además de que, en general, la existencia de regímenes de revelación permite a las autoridades fiscales identificar a los promotores y usuarios de los esquemas de planeación.
