En una carta pública, una veintena de diputados federales de Morena y del PT por Oaxaca se rebelaron contra el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, y le recriminaron su estrategia de legislar y tratar de dictaminar la reforma educativa fuera del Palacio Legislativo y burlando a los maestros de la CNTE.
Encabezados por los diputados Carol Antonio Altamirano e Irán Santiago Manuel, los legisladores firmaron un pronunciamiento que reprocha que “no es momento de privilegiar la cerrazón ni de imposiciones. No cometamos el mismo error de la reforma promovida por Peña Nieto, que se realizó de manera precipitada y sin análisis de sus consecuencias. Es en tiempos de debate y legítimas diferencias cuando más se aprecia la democracia”, señala.
“Los tiempos actuales son los de la transformación democrática a favor de las mejores causas sociales. Estamos convencidos que la educación pública, el dialogo y los derechos de los trabajadores son las prioridades entorno de las cuales se deberán construir los acuerdos necesarios”, agrega.
Titulada “Por el diálogo y los derechos de los trabajadores de la educación”, expone que “los suscritos diputados federales oaxaqueños, en concordancia con los acuerdos asumidos por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el día 12 de mayo de 2018, en Guelatao, Oaxaca, fijamos postura ante la discusión en materia educativa, referida a la reforma de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución”.
“Respaldamos la profesionalización del servicio educativo, para que, acompañada de inversiones en infraestructura y adecuados enfoques pedagógicos, mejore la educación pública. Estamos a favor de la educación pública, porque es el mejor instrumento para la superación de las personas, la disminución de la inequidad social y el desarrollo del país”, expone.
Aclara que “respaldamos categóricamente la demanda magisterial para que se consagre de manera clara y explícita que los trabajadores de la educación básica se rigen por lo dispuesto en el apartado B) del artículo 123 de la Constitución y su ley reglamentaria, de manera que no se les establezca un régimen laboral excepcional”.
“Para ello, proponemos que se incorpore en el texto del dictamen que: La relación jurídica de los trabajadores de la educación, se llevará a cabo conforme al apartado B) del artículo 123 Constitucional y su ley reglamentaria”, precisa.
“No tenemos duda y es evidente que los maestros del país son trabajadores federales al servicio del Estado mexicano, que deben cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos. Pretender lo contrario es ir en contra de los principios de igualdad jurídica, irretroactividad y progresividad de las normas de acuerdo a nuestro marco constitucional y las convenciones internacionales suscritas por nuestro país”, se mencionó en el comunicado.
“El espíritu de la nueva reforma educativa debe ser el desarrollo de la educación para el beneficio nacional y no la cancelación de los derechos en materia laboral”, se especifica.
Se añade que “el debate sobre la evaluación profesional es una falsa disyuntiva. El consenso es a favor de una evaluación formativa, no punitiva, y el desarrollo de los maestros, por medio de un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, dejando que la legislación secundaria establezca lo correspondiente a su organización y funcionamiento específico”.
“También es una distorsión señalar que el tema de fondo es el control de las plazas educativas. Estamos a favor de procesos públicos, transparentes y equitativos para su asignación. Por ello, vamos a proponer la reforma al artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que el 50 por ciento de las plazas vacantes que actualmente son cubiertas por el sindicato y el otro 50 por ciento por los titulares de las dependencias gubernamentales, no sea aplicable para los trabajadores de la educación. Vamos por la transparencia y por cancelar decisiones arbitrarias, bajo la observancia de todas las partes”, indica.
“Coincidimos en reforzar los procesos de formación que permitan a los egresados de las escuelas normales desempeñarse profesionalmente. Llamamos a reforzar el diálogo entre el magisterio, las autoridades educativas y los legisladores”, concluye.
“En vez de andar tratando de dictaminar en privado, fuera de Cámara, en lo ‘oscurito’, se debiera convocar a una mesa de diálogo abierto con los maestros, con la SEP, con padres de familia, con Hacienda y con todos los involucrados en el proceso educativo”, expresó por su lado el diputado Carol Antonio Altamirano.
