Fuente: Cortesía
El fenómeno de lavado de dinero tiene ya muchos años de historia, sin embargo, en los últimos 35 se ha analizado y documentado de mejor forma su origen y sus efectos nocivos. Se debe reducir para una mejor convivencia social, lo cual en principio es un asunto de valores personales. Para lograr controlar este fenómeno dependemos mucho de cada uno de nosotros como ciudadanos.
Los grupos criminales siguen innovando diferentes maneras para seguir agrediendo los sistemas financieros y las jurisdicciones de los países; las empresas con actividades vulnerables también crecen, los grupos criminales buscan e identifican a estas empresas por donde transitar los flujos económicos antes de integrarlos al sistema financiero, por mencionar algunos cito los siguientes: las operaciones inmobiliarias que por su naturaleza manejan grandes cantidades de dinero, las ventas de equipos de transporte terrestre, aéreo, marítimo, tanto nuevas como usadas, el blindaje de los mismos, la operación de los casinos, de las casas de subastas, del comercio de joyas, de piedras preciosas, los organismos sociales que reciben donativos, la banca cibernética, y algunas otras más. Todas estas actividades están listadas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
En la búsqueda de soluciones los Organismos Internacionales se han interesado y han coordinado esfuerzos para normar acciones conjuntas que ayuden a combatir este flagelo mundial. Desde el año 1980 con la Declaración de los Principios de Basilea, pasando por la Convención de Viena de la ONU en 1988, la reunión de jefes de estado y gobierno de las 7 principales naciones industriales en junio de 1989, la Convención de Palermo de la ONU en 2000, en 2011 otra gran resolución de la ONU en contra del terrorismo.
En México, el 17 de octubre de 2012, se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La nueva Ley entró en vigor en julio de 2013.
Para el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha dotado de facultades de supervisión a dos entes: a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que se encarga de supervisar las entidades reguladas por el sistema financiero, mismas que son evaluadas, auditadas y certificadas de manera obligatoria en forma anual; y la Secretaría de la Administración Tributaria (SAT), que se encarga de supervisar de manera estimada a 65 mil contribuyentes que no se evalúan, no se auditan, y no son certificados. Estas empresas han recibido alguna supervisión y en otros casos ninguna con respecto a sus programas de prevención de lavado de dinero.
La actuación social de la contaduría y del empresariado van juntas, desde siempre ambos han querido adoptar las mejores prácticas corporativas. El contador promoviendo su adopción y el empresariado poniéndolas en práctica en sus negocios, buscando la sostenibilidad de los negocios.
Considero que es momento de crear más conciencia, principalmente a los que estamos involucrados con actividades vulnerables, el tiempo es factor importante para prepararnos para este cambio, debemos ayudar a nuestra comunidad empresarial para ampliar el conocimiento y cumplimiento de la LFPIORPI de esta manera utilizaremos nuestra responsabilidad civil en el combate al fenómeno de lavado de dinero. Nuevo León debe ser motor de esta cultura de legalidad en el país. Sin embargo, la responsabilidad es de todos.
El autor es Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL).
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