Inicio México El ejército y la policía mantienen su apoyo al presidente Vizcarra

El ejército y la policía mantienen su apoyo al presidente Vizcarra

Perú amaneció sumido en la incertidumbre y con las calles cercanas al palacio presidencial y al Parlamento cerradas con rejas luego de que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, dominado por la oposición, y éste le respondió suspendiéndolo por un año por “incapacidad moral”.

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, nombrada por el Congreso presidenta en funciones, no ha recibió apoyo de ninguna institución pública.

La oficina de la presidencia publicó un mensaje en Twitter con una foto de Vizcarra sentado en una mesa con el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y de la Policía, asegurando que contaba con su respaldo.

“En Perú no hay dilema de dos presidentes, hay un presidente que ejerce de hecho y derecho sus funciones, y ese es Martín Vizcarra”, afirmó a la prensa el jurista Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y excanciller peruano.

Decenas de ciudadanos comenzaron a apostarse detrás de las rejas para apoyar por segundo día la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Otros miles salieron la víspera a celebrar el “cierre del nido de las ratas”, en referencia al desprestigiado Parlamento unicameral.

El congresista Carlos Tubino, integrante del partido fujimorista Fuerza Popular, fue agredido por manifestantes que le arrojaron un cono de tránsito y lo insultaron en las inmediaciones del disuelto Parlamento.

La prensa local reportó también que Alejandra Aramayo, Karla Schaefer y Úrsula Letona, todos congresistas de Fuerza Popular, intentaron ingresar al Palacio Legislativo pero fueron impedidos por la Policía Nacional, que solo permitió el ingreso de miembros titulares de la comisión y empleados administrativos.

Pedro Olaechea, presidente del disuelto Congreso peruano, cuestionó la medida tomada por el jefe de Estado, que calificó como un “golpe de Estado”.

En una entrevista con Blu Radio de Colombia, el político opositor afirmó que la disolución del Legislativo fue una medida “ilegal”, dado que, según fue efectuada luego de que el mandatario fuera suspendido.

El político opositor citó para hoy a las 5 de la tarde a la Comisión Permanente del Congreso, instancia que, según las normas, queda en funciones tras la disolución del Parlamento. Sin embargo, no se ha precisado la agenda de la sesión.

La organización de la cúpula empresarial peruana, la Confiep, expresó su “enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el presidente de la República, Martín Vizcarra, con un argumento inconstitucional”.

Para Confierp “la decisión del Presidente (…) ha sumergido al país en una grave incertidumbre”.

Por su parte, la Iglesia Católica llamó a los líderes peruanos a respetar al adversario y evitar la violencia en el país.

“Llamamos a que cada uno de ellos (los líderes del gobierno y el parlamento) considere a la par el reclamo de sus atribuciones y respetar a su adversarios”.

La secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas por el presidente Vizcarra, de disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas.

Es necesario, agregó en un comunicado, “que resuelva las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo”.

Además, señaló, que “la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”.

La secretaría general pidió a las partes que realicen “gestos que propicien la calma” ante la crisis. “Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses”.

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, envió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas (ONU), refiriéndose a la situación política que atraviesa el país.

Las misivas fueron remitidas el jueves 26 de setiembre, cuando la Comisión de Constitución del Congreso decidió rechazar la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales.