El futuro de las telecomunicaciones en 3 actos

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Desde la entrada en vigor de la reforma constitucional de telecomunicaciones, en junio de 2013, me he pronunciado por la importancia que la transformación de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión tienen para el país. Con el apoyo de los legisladores de todas las fuerzas políticas, los cambios ordenados reconocieron el papel de estos sectores como herramientas para impulsar la competitividad del país y equiparar las oportunidades de progreso de la población en México.

Desde el PRD y principalmente desde Nueva Izquierda, hemos sido promotores e impulsores de la necesaria transformación del sector en pos de la apertura, el impulso a la competencia y el acceso efectivo a las nuevas tecnologías de la información. Nuestro interés de dar seguimiento puntual a la implementación nace de entender al Internet como una llave de acceso a los derechos humanos. La educación y la cultura, la libertad de expresión e información, la rendición de cuentas y otros de naturaleza económica y social dependen de que estos servicios se presten en las mejores condiciones posibles.

En las últimas semanas hemos visto cómo diferentes órganos del Estado interactúan para dar sentido, sustancia y cumplimiento al mandato expedido por el Congreso de la Unión en las reformas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 constitucionales. Los retos que enfrentan las instituciones mexicanas para hacer frente a los poderosos intereses económicos del sector son enormes. En medio de la turbulencia que precede siempre a los tiempos electorales, su principal desafío será conservar la tenacidad, vencer la tentación de agradar y claudicar en un esfuerzo de cuyo resultado depende el futuro del país. Me refiero a 3 temas que merecen ser subrayados:

Primer Acto. En agosto, en una resolución de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó los alcances de las competencias entre el IFT y el Congreso de la Unión. En esta resolución, el máximo tribunal define que el IFT es el único responsable de dar cumplimiento al mandato constitucional, por encima de los legisladores quienes deben diferencia técnica a este órgano constitucional autónomo, quien es a la vez regulador y máxima autoridad de competencia. Aun cuando el IFT declinó la posibilidad de promover una controversia constitucional en 2014, recibió un respaldo valioso a cargo del tribunal constitucional. Deseamos al IFT que se consolide como una institución eficaz y comprometida.

Segundo Acto. En el Senado comparecieron 5 de los 7 comisionados del IFT para presentar sus programas de trabajo con miras a presidir el Pleno por los próximos 4 años. En las comparecencias escuchamos decir repetidas veces que las telecomunicaciones, la radiodifusión y los servicios digitales se han convertido en un auténtico motor del desarrollo. Que tienen un efecto democratizador de oportunidades; que el nuevo marco regulatorio busca extender a un mayor número de consumidores estos servicios; que cerrar la brecha digital es un deber, como lo es también hacer asequibles estos recursos a los más pobres; y la promesa de ampliar los beneficios de mercados más competidos. Cerrada la contienda, el reelecto presidente Gabriel Contreras y cada uno de los comisionados deberá hacer frente a dos preponderantes y resistir las presiones para aligerar sus cargas regulatorias antes de tiempo. Sigue en su agenda la determinación de las tarifas de interconexión 2018, la separación funcional de Telmex y la licitación del espectro de 2.5 Gigahertz. Queda en sus manos entonces, liderar para cumplir a tiempo los objetivos de la reforma.

Tercer Acto. La Autoridad Investigadora del IFT publica el pasado 11 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación, un aviso sobre el inicio de la investigación por denuncia de la probable comisión de prácticas monopólicas relativas en los mercados de telefonía fija y móvil, Internet fijo y móvil, y a lo largo de la cadena productiva de contenidos audiovisuales a través de Internet. Una investigación que, esperemos, sea eficaz para identificar y detener prácticas anticompetitivas, pero, sobre todo, que sea útil para determinar hechos, infracciones y probables responsables. El resultado dependerá de lo que resulte en los tribunales especializados y el desenlace puede tomar meses o años.

¿Qué está en juego con estas decisiones? Para los consumidores, todo. El cambio legal fue apenas el principio. El acceso, la calidad y los precios de los servicios en el sector han tenido mejorías como no las habíamos visto en 25 años. El futuro de las telecomunicaciones depende de una implementación contundente y de una coordinación oportuna entre los diferentes órganos del Estado, que logre beneficios permanentes y de largo plazo.

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