San Miguel de Allende irradia el encanto del antiguo México.
Entre calles empedradas habitan edificios de la época colonial y balcones de hierro forjado, campanarios neogóticos se elevan sobre la iglesia de piedra arenisca rosa que ocupa una esquina de la plaza principal.
La revista Travel and Leisure (viajes y ocio) la ha nombrado dos veces mejor ciudad del mundo, una ratificación de su amabilidad con turistas y jubilados de Estados Unidos, Canadá y más allá.
Últimamente, sin embargo, San Miguel ha venido atrayendo a un tipo muy diferente de personas: los cárteles de la droga. Tan pronto como llegaron y comenzaron a promover la cocaína e imponer su brutal tipo de impuesto a la propiedad (conocido como ‘derecho de piso’), comenzaron los asesinatos.
Un restaurantero murió en una lluvia de disparos frente a clientes horrorizados después de que se negara a pagar demandas de extorsión. El hijo del propietario de un negocio de materiales de construcción fue asesinado camino al trabajo.
La propietaria de una tienda de tortillas en la cercana ciudad de Celaya fue asesinada a tiros junto con dos de sus empleados. Además, un vendedor de frutas, un operador de una tienda de víveres, otro restaurantero y tres propietarios de cantinas cerraron sus puertas tras visitas de extorsión y, al parecer, mantienen un perfil bajo.
Este tipo de crimen era impensable aquí hace apenas unos meses. «Todavía es difícil de creer», dice Manuel, gerente de un restaurante que, como muchos otros, solo dio su primer nombre por temor a represalias.
San Miguel se ha unido a la escalofriante lista de destinos turísticos (Cancún, Los Cabos, incluso la propia Ciudad de México) que están perdiendo su aparente inmunidad a las guerras del narcotráfico que han devastado gran parte de México durante años y quedado capturadas en titulares sobre decapitaciones, fosas comunes y tiroteos a plena luz del día.
Toda esta situación presenta un gran desafío para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su marcado enfoque en el crimen con la estrategia «abrazos, no balazos».
No solo han muerto más mexicanos que nunca (28 mil 741 en lo que va del año), sino que el derramamiento de sangre está dificultando el impulso del presidente para combatir la pobreza, ya que desalienta la inversión y profundiza la caída de una economía que entró en recesión en el primer semestre del año.
«La seguridad es un fenómeno a nivel nacional ahora y lamentablemente nadie puede escapar de esta situación», dijo Javier Quiroga, jefe de la asociación de bares y cantinas de Guanajuato, el estado donde queda San Miguel. «La gente tiene cada día más dificultad para hacer sus actividades».
Esculpida en la árida meseta que atraviesa el centro de México, San Miguel de Allende se encuentra a pocas horas en auto de Ciudad de México. Fue declarado patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), es el sueño de todo instagramer y lugar favorito de los amantes de la comida.
El clima es casi perfecto durante todo el año. Según algunas estimaciones, la población de 160 mil personas incluye hasta 10 mil expatriados, en su mayoría estadounidenses y canadienses, que viven allí al menos parte del tiempo.
Hasta ahora, los cárteles no han tocado a boutiques, cafeterías y galerías de arte populares entre turistas y expatriados. Los fabricantes de automóviles en la región, incluidos Volkswagen y General Motors, no han estado sujetos a lo que propietarios de pequeñas empresas han tenido que soportar; sus operaciones están seguras en parques industriales cerrados. Aunque la ocupación hotelera cayó 15 por ciento en agosto respecto al año anterior, según datos de la Secretaría de Turismo, el culpable sería una débil economía, no las preocupaciones de seguridad.
Al pasear por las calles principales y callejones durante el día, no pareciera que nada realmente hubiera cambiado. Los vendedores de globos aún ejercen su oficio y los puestos de esquites continúan con su movido negocio.
Los miembros de la recién creada Guardia Nacional de López Obrador se presentaron durante unos días en el verano, aunque por lo general las únicas fuerzas de seguridad visibles son los oficiales de policía municipales en sus uniformes azul oscuro.
Carol Quinn, una canadiense que alquila un departamento en San Miguel por largos periodos de tiempo, dijo que no le preocupa lo que escucha y lee sobre la ilegalidad. «Estoy un poco más nerviosa, soy un poco más consciente», dijo sentada en una banca cerca de una iglesia que organizaba una boda. «Pero igual vendré».
Al hablar con personas como Manuel, gerente de restaurante, la conversación es muy diferente. Le contará sobre el aumento de la actividad delictiva, el uso de drogas por parte de los lugareños, los pagos de derecho de piso a los matones que solicitan dinero o servicios a cambio de permitir que los negocios sigan operando. Los cárteles son agresivos, lo que obliga a las pequeñas empresas a emplear a sus miembros o convertirse en miembros de facto.
En agosto, según comerciantes locales e informes de los medios, una pandilla dejó bolsas de cocaína en una cantina y le dijo al propietario que valían 300 mil pesos (15 mil 300 dólares) y que el dinero se recaudaría en las próximas semanas. El propietario cerró el bar y huyó de la ciudad. Una variación de lo mismo ocurrió en otras dos cantinas.
La oficina del alcalde panista Luis Alberto Villarreal no respondió a solicitudes de comentarios sobre la ola de delitos que se ha extendido por todo el estado. Los homicidios en Guanajuato han aumentado 260 por ciento desde 2015; este año, 47 policías han sido asesinados, más que en cualquier otro estado, según Causa en Común, una organización sin fines de lucro que rastrea asesinatos policiales en México.
Una razón del aumento es que la represión del Gobierno contra el robo de combustible en la región impulsó a los cárteles a buscar fuentes de ingresos alternativas para financiar sus operaciones y guerras territoriales. Más allá de eso, algunas de las grandes pandillas se han dividido y la competencia por un nuevo territorio se ha intensificado.
Los capos del narcotráfico «buscan hacerse un nombre y ganar dinero rápidamente», dijo Gladys McCormick, profesora asociada de historia que se especializa en relaciones México-Estados Unidos en la Universidad de Syracuse en Nueva York. «La extorsión es la forma más fácil de hacerlo».
Los ataques de los cárteles se han ampliado en todo el país. En octubre, más de una docena de policías fueron asesinados en el estado de Michoacán por hombres en camiones blindados; días después, miembros del cártel aterrorizaron la ciudad de Culiacán con armas pesadas a plena luz del día.
El mes pasado, hombres armados mataron a nueve ciudadanos estadounidenses y mexicanos que viajaban en un convoy a 97 kilómetros de la frontera con Arizona, en un área disputada por estos grupos delincuenciales.
Durante el fin de semana, hombres armados en varios camiones descendieron a Villa Unión, un pueblo cerca de la frontera con Texas, y comenzaron a disparar al ayuntamiento. Durante una confrontación con las fuerzas de seguridad, 16 de los pistoleros fueron asesinados, junto con cuatro policías estatales y dos civiles.
El hecho de que la violencia del narcotráfico haya llegado a San Miguel de Allende «es una nube oscura en el horizonte porque anuncia que ya ningún lugar es seguro», dijo McCormick. «El hecho de que haya tanta presencia internacional en San Miguel de Allende garantiza que el temor que se siente dentro de la ciudad resonará más allá de México».
