LEÓN, Gto.-La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) dio su «voto de confianza» al gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ante la decisión de ratificar a Álvar Cabeza de Vaca Appendinni como secretario de Seguridad Pública del Estado y proponer a Carlos Zamarripa Aguirre para permanecer en la Procuraduría General de Justicia.
Luis Gerardo González García, presidente de la CICEG, dijo que la situación de inseguridad que vive la entidad es preocupante y que se requiere de un plan estratégico que regrese la paz y tranquilidad a las familias y empresas guanajuatenses.
Aclaró que su voto de confianza de ninguna manera es un «cheque en blanco». Guanajuato «exige resultados a la brevedad y esperemos que con la ratificación de estos dos funcionarios así se dé”.
Consideró que es importante dar continuidad a los trabajos que se han venido realizando en materia de seguridad pública, que aunque no han generado los resultados que necesita el estado de Guanajuato, sí es importante aprovechar la experiencia que se tiene en la materia.
“Sería tal vez arriesgado traer funcionarios nuevos que no conocen la realidad de Guanajuato; esperamos que nos presenten un nuevo plan y estrategia que integre a los diferentes órdenes de gobierno con mejor capacitación, equipo y remuneraciones para los cuerpos de seguridad pública del estado”, destacó González García.
Por otra parte, el líder zapatero aprovechó la oportunidad para externar su beneplácito por la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, para que se reforme el artículo 19 constitucional de manera que se sancione con cárcel a quienes utilicen armas exclusivas del ejército.
Manifestó que es muy importante que los senadores de todas las fuerzas políticas aprueben esta iniciativa a la brevedad, porque es la manera en la que se pondrá fin a la “puerta giratoria” que se da cuando los delincuentes son detenidos por la autoridad y son puestos en libertad prácticamente de inmediato por parte del Poder Judicial.
Modificando este artículo constitucional, se podrán dar más elementos, para que las autoridades puedan combatir la delincuencia, finalizó González García.
ESPERAN «GOLPE DE TIMÓN
En tanto, Arturo Sánchez, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León, dijo que esperan un verdadero “golpe de timón” que dé seguridad a las familias.
Los empresarios, dijo, exigirán a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo un plan contundente que integre a los tres niveles de gobierno con inteligencia, mejor equipamiento, mayor capacitación y mejor remuneración en las corporaciones de seguridad que realmente signifique un cambio en las tácticas, programas, proyectos y en la estructura.
Sánchez Castellanos expuso que lo que piden es un cambio de estrategia, debido a que la que se ha implementado hasta ahora se ha visto rebasada por el crimen.
Si la ratificación de Cabeza de Vaca y Zamarripa sólo se trata de una decisión aislada que no incluya todo lo anterior, entonces los empresarios “no podrán compartir la decisión de ratificar a los funcionarios”, ya que no han conseguido ofrecer los resultados deseados en la entidad.
Desde el empresariado dijo, consideran que esta nueva estrategia debe integrar, entre otras cosas, los modelos exitosos existentes tales como la incorporación de un secretariado técnico del Consejo Estatal de Seguridad que posea capacidad de decisión.
Además de un vocero que comunique con efectividad, periodicidad y total transparencia los resultados en materia de seguridad, y se incorpore un “Nuevo modelo” en donde las policías municipales dejen de actuar sólo como “primer respondiente” y pasen a formar parte de las tareas de investigación.
Adicionalmente, señaló Sánchez Castellanos, se deben reforzar las academias para reclutar y capacitar policías, dotándolas de instructores bien capacitados y con experiencia en el medio, ampliando los plazos de capacitación a nuevos policías.
Se debe facultar a las procuradurías y a la Dirección de Averiguaciones Previas para que puedan dirigir y supervisar los servicios de la policía ministerial y de los servicios periciales, dotándolos de mayor autonomía; se deben de restituir los grupos especializados de investigación de vehículos robados y el de investigación del narcomenudeo.
Es urgente la incorporación de más personal, principalmente agentes ministeriales y ministerios públicos. De esta manera se evitarán los abusos que ocurren actualmente, al inducir a los ofendidos a llegar a un arreglo conciliatorio, además de que se eliminará la percepción de indiferencia que se genera y desincentiva la denuncia ciudadana.
Es inaplazable una intensa capacitación de los policías preventivos y agentes del ministerio público para que logren acreditar ante los jueces que los sujetos detenidos son una amenaza para los ofendidos, para los testigos y para la sociedad, y que además garantice que no existan errores durante los procedimientos de aprehensión evitando que los detenidos queden en libertad, desapareciendo así el problema de la “puerta giratoria”.
