GUATEMALA.- Una jueza le prohibió a un periodista y al diario para el que escribe dirigirse directamente o a través de terceros a la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, luego de que los denunciara por violencia psicológica y discriminación.
La jueza Michelle Dardón también ordenó medidas de protección para la canciller que incluyen la prohibición de acercamiento a la casa o lugar de trabajo de la funcionaria por parte del periodista José Rubén Zamora, dueño de El Periódico. Las medidas ordenadas tienen una duración de tres meses.
La resolución de fecha 14 de julio fue notificada a El Periódico el pasado sábado, explicó Julia Corado, editora del diario, pero que por ser fin de semana no trascendió, por lo que fue retomada este martes.
Zamora dijo a The Associated Press que la denuncia no tiene fundamento, es inconstitucional y que lo dispuesto por la jueza es “arbitrario y censura previa a las publicaciones que realizó y que hace El Periódico”.
“No puedo mencionar su nombre, ni calificar sus ejecutorias, ni decir nada de ella”, agregó Zamora que adelantó que se defenderá legalmente.
La canciller presentó el 5 de julio una denuncia contra Zamora alegando que las críticas que le hacían a su trabajo se debían a su condición de mujer y que mancillaban su dignidad.
El Periódico cuestiona constantemente el trabajo de Jovel debido a sus fallas en el manejo de la diplomacia, como cuando tras la erupción del Volcán de Fuego se negó a autorizar durante varios días el ingreso de ayuda humanitaria ofrecida por varios países, su tardanza en condenar la política estadounidense de separación de familias migrantes guatemaltecas y su insistencia en solicitar la salida del país del abogado colombiano Iván Velásquez, quien dirige la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que lidera la lucha anticorrupción en el país centroamericano.
En sus espacios de opinión Zamora ha criticado el trabajo de Jovel y en una sección dominical del matutino la ha llamado “bien nutrida” en referencia a su sobrepeso.
Zamora recordó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti también lo denunció con base en la ley de feminicidio aduciendo lo mismo que alega Jovel. Baldetti tuvo que renunciar al cargo en 2015 y está presa a la espera de ser juzgada por varios casos de corrupción que la prensa denunció.
La constitución de Guatemala protege la libertad de expresión y en 2006 la Corte de Constitucionalidad derogó el desacato que prohibía criticar a los funcionarios públicos.
