Durante el último día del Periodo Ordinario, los diputados locales aprobaron por unanimidad la Ley de Responsabilidades Administrativas en la que se incrementan los castigos a funcionarios y particulares que incurran en casos de corrupción.
Entre las medidas aprobadas ayer por el Congreso de Nuevo León está la “muerte civil” para poder desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público.
Con la “muerte civil” se impide participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, en caso de que se compruebe el acto de corrupción.
Además, obliga a los funcionarios del Estado y de los Municipios a declarar su patrimonio por el método 3 de 3.
También permitirá la revisión patrimonial de los funcionarios de manera aleatoria para detectar enriquecimientos ilícitos.
La ley aprobada por el Congreso fue elaborada en base a iniciativas propuestas por organizaciones como el Consejo Nuevo León y la Coalición Anticorrupción.
“Este proyecto de ley no permite que quede impune de responsabilidad la persona física o moral que ha cometido una irregularidad en el servicio público (…) Le da a cada quien lo que le corresponde”, dijo Nancy Olguín, diputada local del PAN.
“(…) Con esta ley, Nuevo León será la primera entidad que cuente con una ley que combate realmente la corrupción, como lo es la muerte civil donde no permitiremos funcionarios ni particulares corruptos”.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, destacó que la nueva ley “establecerá los procesos para sancionar las faltas de los servidores públicos y particulares” que cometan actos de corrupción.
“Esta ley representa un avance para encaminarnos en procesos que pudieran sancionar a funcionarios públicos responsables de faltas administrativas o hechos de corrupción”, comentó.
