Fuente: Félix Vásquez
El pasado 9 de mayo, por conducto del Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, Manuel González, el Ejecutivo Estatal presentó una iniciativa de Decreto cuyo objetivo es que el Congreso Local les autorice a contratar financiamiento adicional a la Deuda Neta ya autorizada en la Ley de Ingresos para 2019, por un monto de 4 mil 910 millones de pesos, que de acuerdo a la iniciativa presentada, se utilizaría para “La Adquisición del Sistema de Transporte Urbano, (NO solo los camiones) pudiéndolo aplicar para lo que se requiera (sic) para solucionar la crisis del transporte que actualmente se vive en el Estado”.
Sin embargo, esta iniciativa es completamente ILEGAL, ya que transgrede las disposiciones que contiene la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y los Municipios, la cual establece límites anuales para contratar nuevos créditos, en función de los indicadores que contempla el “Semáforo” de la Deuda de los Estados, aspectos jurídicos que se “omiten” en los fundamentos legales invocados.
De acuerdo a estos indicadores, que miden la Deuda y los Compromisos de pago de cada Estado como proporción de los ingresos de libre disposición, así como indicadores del servicio de la deuda y de los pasivos a corto plazo con bancos y proveedores, nuestro Estado está en foco “Amarillo” o en “Observación”, lo cual implica que solo puede solicitar mayor deuda neta por el equivalente al 5 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición, los cuales los estimó el Estado en 47 mil 216 millones de pesos para este año, por lo que el tope o límite de endeudamiento neto que se determinó para 2019, fue de 2 mil 360.8 millones de pesos.
Por otro parte, dado que esta Ley determina que la deuda de corto plazo, cuyo repago debe hacerse en un plazo no mayor a 12 meses, se puede contratar SIN la autorización del Congreso Local, en la Ley de Ingresos para 2019, se solicitó un endeudamiento bruto mucho mayor, de 8 mil 830 millones de pesos, pero descontando las Amortizaciones de la deuda, así como la solicitada a corto plazo, la deuda neta autorizada se estima que queda dentro de la restricción del 5 por ciento de los ingresos propios de libre disposición.
Es decir, el límite o el tope para solicitar mayor deuda neta para este año 2019, por 2 mil 360.8 millones de pesos, YA SE SOLICITÓ Y LO AUTORIZÓ el Congreso Local, por lo que esta Iniciativa de Decreto pretende confundir a los Diputados locales, y les solicita que le otorguen una autorización ILEGAL, que la Ley NO CONTEMPLA, argumentando que el Estado TENDRÍA, (en el FUTURO) mayores ingresos propios de libre disposición, que le permitirían nuevos márgenes de mayor deuda, (de 3 mil 100 y de 3 mil 300 millones de pesos en los años 2020 y el 2021), por lo que de autorizarse este Decreto, la deuda se aplicaría, no solo para los nuevos márgenes de los próximos dos años, sino incluso desde este año 2019.
Como comentario al margen, en la Iniciativa que presentaron hace seis meses, en el paquete económico 2019, esas mismas proyecciones de ingresos para 2020 y 2021, eran TREINTA por ciento inferiores, por lo que también “engañan” con estas nuevas cifras.
Por otro lado, con relación a las consecuencias financieras de emprender esta “ocurrencia camionera”, se tendría un mayor pago de intereses, que a las tasas actuales, superaría los 440 millones de pesos al año, mismos que se sumarían a los costos de operación y a la complejidad de administrar este “negocio” y contratar como cinco mil choferes que ahora serían burócratas Estatales, que aunado a las pérdidas que tienen la operación del Metro y de la Eco Vía, (a cargo del Estado) seguramente crecería el Déficit Financiero, porque además se ilusiona a los usuarios, ofreciendo menores tarifas.
Finalmente, es cierto que las actuales tarifas tienen como tres años sin incrementos, y que el costo de los insumos ha crecido, como el Diesel que ha aumentado más de 50 por ciento en estos tres años, (aunque a partir de 2015 empezó a ser positivo el estímulo fiscal al diesel) sin embargo, los estados contables de las empresas transportistas no son públicos y es difícil evaluar la situación financiera de estas empresas.
El mensaje final es para los Legisladores Locales, NO SE DEJEN ENGAÑAR con propuestas ILEGALES, ya que si aprueban este “Decreto” incurrirían en responsabilidades legales.
El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio de Economía en Pérez Góngora y Asociados.
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