CIUDAD DE MÉXICO.- La esperanza legal de cancelar la aplicación de la pena de muerte al mexicano Roberto Ramos Moreno en Estados Unidos “es bastante estrecha”.
Así lo reconoció Greg Kuikendall, director del Programa Mexicano de Asistencia Legal (MCLAP, por sus siglas en inglés), quien señaló que, no obstante, todavía trabajan con su abogada para detener la aplicación de la pena capital, programada para el miércoles.
“Desgraciadamente tengo que admitir que la avenida legal para dar esperanza legal al señor Ramos es bastante estrecha”, reconoció.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló que una de las líneas en las que trabaja la defensa de Ramos Moreno, sentenciado en Texas por el homicidio de su esposa y sus dos hijos, es por la incompetencia de sus abogados anteriores.
“La otra cosa que la abogada está haciendo está enfrente de la Corte Federal del Quinto Circuito, es una corte de apelación, pidiendo a esta Corte poner un plazo a esta ejecución para dar tiempo a un distrito federal a reconsiderar las cosas sobre la incompetencia de los abogados que la Corte federal apuntó para representar al señor Ramos después de los procesos estatales”, indicó.
En ese sentido, explicó que los abogados que representan a una persona condenada a la pena capital deben tener la competencia necesaria para que las violaciones estatales puedan obtener algún remedio federal: “Esto no sucedió en este caso y por eso la abogada del señor Ramos esta pidiendo ayuda federal y estatal”, apuntó.
Al respecto, el consultor jurídico Alejandro Alday puntualizó que son claras las infracciones por parte del gobierno de Estados Unidos al fallo de la Corte Internacional de Justicia de la ONU sobre el Caso Avena, pero la única medida que se puede hacer es una notificación a dicha instancia sobre el incumplimiento, además de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también señaló las faltas, pero no existen otro tipo de medidas coercitivas que se puedan aplicar contra el vecino país del norte.
Por su parte, Jacob Prado, encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte y director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, precisó que son ocho el número de mexicanos ejecutados desde que se reinstaló la pena de muerte en Estados Unidos, cinco de los cuales son parte del fallo del Caso Avena, en el que México denunció al gobierno estadounidense por violar la Convención de Viena al arrestar, procesar y condenar a mexicanos.
Detalló que estos cinco casos de connacionales han sido ejecutados en Texas, por lo que resaltó que no todos los estados del vecino país del norte han ido en contra de la resolución de la Corte Internacional de Justicia.
Prado resaltó que de los 51 mexicanos del Caso Avena, han obtenido resultados positivos para revertir penas capitales en 14 casos y prevén sumar uno más en los próximos meses, además de que continuarán trabajando en los 31 casos pendientes.
“Han sido 14 los mexicanos que formaban parte de los 51 del fallo, a los cuales se les ha revertido la sentencia de pena de muerte a través de proceso de revisión judicial. De hecho, en unos meses vamos a tener otro caso más que lo estaremos comunicando de inmediato, pero ya serían 15 con ese caso los fallos revertidos de esta legislación”, adelantó.
