El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó un documento donde muestra los diez delitos electorales que atentan contra la libertad del voto ciudadano y que pueden ser denunciados por la sociedad civil.
Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra el sufragio ciudadano al coartarlo.
El decálogo publicado por el organismo electoral destaca el uso de bienes o servicios públicos en una campaña como parte de los delitos electorales, ya que el personal de gobierno no debe destinar dinero servicios públicos que cuenten a su disposición en favor de actores políticos que aspiran a un cargo público.
El condicionamiento del acceso a servicios públicos y a programas sociales no pueden ser restringidos por motivos electorales, tampoco la compra de los sufragios de servidores públicos pues el voto es libre.
Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas son catalogados como un crímenes y de hacerlo se impondría una pena de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años por irrumpir un proceso democrático.
Rebasar montos legales o el uso de dinero ilícito en las campañas políticas, destruir o dañar material electoral, así como el incumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas son señalados como delitos electorales.
También publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados, inducir el voto fungiendo como ministro de culto o alterar los datos de la credencial para votar son delitos penados por el INE.
