El gobierno del presidente Donald Trump está eliminando una prohibición de más de dos décadas, lo que permitirá a ciudadanos estadounidenses presentar demandas contra empresas que usan propiedades incautadas desde la revolución de 1959, dijo este miércoles el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Según el Departamento de Estado, el cambio de política podría llevar a cientos de miles de reclamaciones legales por decenas de miles de millones de dólares.
La medida parece tener la intención de elevar la presión sobre La Habana en un momento en que Washington exige que deje de apoyar al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro.
La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrará en vigor el 2 de mayo y es fuertemente rechazada por la Unión Europea, cuyas empresas tienen grandes intereses comerciales en la isla caribeña.
«Cualquier persona o firma que haga negocios en Cuba debería prestar atención a este anuncio», dijo Pompeo durante una rueda de prensa. «El comportamiento de Cuba en el hemisferio occidental socava la seguridad y la estabilidad de los países de la región, lo que amenaza directamente los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos», dijo.
Cuba reacionó de inmediato al anuncio. «Rechazo enérgicamente anuncio del Sec. de Estado Pompeo de activación del Título III de la Ley Helms-Burton. Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de #Cuba y de terceros Estados (…)», publicó el canciller Bruno Rodríguez en un tuit.
El asesor de seguridad nacional, John Bolton, hablará más tarde en Miami para anunciar nuevas sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que ha descrito como la «troika de la tiranía», dijo un alto funcionario estadounidense que prefirió el anonimato.
Sin embargo, no estaba claro si los tribunales de Estados Unidos aceptarán los reclamos. La Unión Europea ha advertido que podría presentar un desafío a la Organización Mundial de Comercio.
La modificación expondría a empresas de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá a acciones legales y representa un duro golpe contra las iniciativas de Cuba para atraer más inversión extranjera. Además marca un retroceso en los nexos bilaterales desde que el gobierno del demócrata Barack Obama inició una apertura. El Titulo III de la Ley Helms-Burton había sido suspendido desde su creación en 1996 cada seis meses debido a la fuerte oposición internacional y el temor a que pueda crear un caos en el sistema judicial de Estados Unidos con una masiva avalancha de demandas. Trump lo había suspendido en 2017 y 2018.
Una Comisión del gobierno de Estados Unidos ha certificado cerca de 6 mil reclamos por propiedades confiscadas por el Gobierno cubano con un valor actual, incluyendo intereses, de alrededor de 8 mil millones de dólares.
«Podría haber hasta 200 mil reclamaciones no certificadas (…) y ese valor podría estar muy fácilmente en decenas de miles de millones de dólares», dijo Kim Breier, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien agregó que Washington había estado en estrecho contacto con aliados europeos.
Entre las empresas extranjeras con fuertes inversiones en Cuba están la minera canadiense Sherritt International y la española Melia Hotels, así como el gigante francés de bebidas Pernod-Ricard.
