VICTORIA, Tamaulipas.- Al concluir cerca de las 23:00 horas del viernes la audiencia inicial en la que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas acusó al exgobernador Eugenio Hernández Flores de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos, el juez Patricio Lugo Jaramillo impuso como medida cautelar la presión preventiva hasta por dos años para el exfuncionario, lo que será el plazo para el término del proceso.
De acuerdo con la carpeta procesal número CP/0237/2018, el exgobernador tuvo un incremento patrimonial injustificado y por tanto ilegítimo, dado que no se pudo determinar el origen de los ingresos por 40 millones 967 mil 794.28 pesos.
La Fiscalía expuso que, durante su función pública como diputado federal en los años 2000-2001; alcalde de Ciudad Victoria entre 2002 y 2004; y como gobernador entre 2005 a 2010, Eugenio Hernández percibió ingresos por 13 millones 328 mil 675.57 pesos.
En esos años, Hernández se haría socio de 11 sociedades y, en dos de ellas -Monteverne S.A. de C.V. e Inmobiliaria Palmar S.A. de C.V.-, se reportó la compra de 17 inmuebles por poco más de 21 millones y medio de pesos, y realizó construcciones en ocho locales por poco más de 6 millones de pesos.
El dictamen de contabilidad presentado por un perito especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado detalla que sus ingresos como servidor público, más su patrimonio como persona física y socio de empresas, no corresponde al reportado, teniendo una diferencia de 40 millones 967 mil 794.28 pesos, que serían presuntamente producto de acciones ilícitas.
La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de octubre a las 12:00 horas en la sala C del Centro Integral de Justicia, con la presencia del exmandatario tamaulipeco, quien en esta audiencia inicial escuchó por videollamada las imputaciones hechas por la Fiscalía.
Hernández Flores está preso en el penal de Victoria desde el 6 de octubre del 2017, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según consta en la causa 67/2017, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, propiedad del patrimonio estatal.
La defensa promovió el amparo 2042/2017 en contra del auto de formal prisión, mismo que está pendiente de resolución por parte del juez Allen Ortiz Orozco
También tiene pendiente de resolver el amparo indirecto 788/2018 en contra de la extradición para que sea procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero, el cual deberá ser resuelto por la juez Abigail Cháidez Madrigal del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa.
