El financiamiento a la micro, pequeñas y medianas empresas es una asignatura pendiente en el país, ya que el 80 por ciento de las empresas con menos de 100 empleados se financia con sus proveedores y ni la banca comercial, ni la banca de desarrollo atienden este segmento, dijo Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
«Las tandas que organizó el Gobierno apoyan al autoempleo, no a la empresa que contrata a dos o tres trabajadores. Pedimos que no se nos deje de lado a las empresas formales que son las que generan la recaudación», dijo el líder industrial.
La desaparición del INADEM, la ralentización en la toma de decisiones en la banca de desarrollo y las altas comisiones que la banca comercial cobra, hacen un escenario difícil para las pequeñas y medianas empresas, consideró el presidente de la Canacintra, organismo compuesto en un 98 por ciento por micro, pequeñas y medianas empresas.
Expuso que los créditos que el Gobierno diseño a través del Programa de Tandas para el Bienestar que van de seis hasta 20 mil pesos, son insuficientes para la micro empresa, que tiene hasta 10 trabajadores, y consideró que deberían alcanzar los 300 mil pesos para poder impactar a la empresa formal.
«El impacto del financiamiento en la creación de empleo es mayor en las empresas pequeñas, más que entre las grandes», dijo Castellanos, y señaló que la cámara que preside considera que «la mejor manera de sacar adelante al país es con educación y empleo. La mejor política social es la política económica», apuntó.
Señaló que los bancos deberían ampliar los plazos de los créditos como ocurre en Estados Unidos, en donde se extienden hasta 10 años con tasas blandas del 3 por ciento, comparado con el 18 al 20 por ciento en México, así como replantear las comisiones y las garantías que deberían ser prendarias y no hipotecarias.
En la banca de desarrollo, consideró que no es viable la fusión de Nafin con Bancomext, porque lo que se necesita es más bancos que dispersen recursos.
A la luz de la Ley de Obras Públicas, dijo que el Gobierno podría otorgar anticipos del 50 por ciento para poner «piso parejo contra empresas del extranjero y que el costo financiero ya no sea una desventaja competitiva».
