La destitución del fiscal especial para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, ha generado una polémica mucho más acalorada aún que la motivada por la renuncia del procurador Raúl Cervantes, que involucra no sólo a la clase política, sino, particularmente, al sector empresarial.
La sorpresiva e inmediata destitución del fiscal electoral, tras la separación del cargo del titular de la PGR, despertó una serie de reacciones en contra de la decisión del encargado del despacho de la instancia federal de procuración de justicia, entre ellas la del líder de la Coparmex, quien ha interpretado la determinación como un “signo de intolerancia y del neoautoritarismo que está surgiendo en México”, llamando al Senado a restablecer las condiciones de legalidad y certeza en la Fiscalía, exigencia que se suma de manera natural a otros asuntos en discusión: el método de designación del futuro fiscal general y el nombramiento del fiscal anticorrupción.
El tema cobra relevancia, en principio, por la complejidad del ambiente previo al proceso electoral del año venidero, que ya ofrece muestras de radicalismo, confrontación e incertidumbre, rompiendo esquemas a los que hayamos asistido en el pasado. Y en segunda instancia, por los impactos que las investigaciones de la FEPADE en casos espinosos pudieran tener en el futuro inmediato.
La polémica destitución puede traducirse, si las presiones en diversos sectores políticos y de la iniciativa privada se acentúan, en un búmeran, en caso que proceda la restitución vía el Senado de la República, que, por una parte, le proporcionaría al fiscal una especie de chaleco antibalas que le blindaría en el futuro en el desempeño de su función y, por la otra, le otorgaría un amplio espacio de maniobra con mayor autonomía y libertad de acción, con los riesgos inherentes.
Lo que no mata, reza el dicho popular, fortalece.
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