Los parisinos se hacinaban este jueves en las únicas dos líneas de metro operativas, en el octavo día de unas huelgas contra la reforma de las pensiones que han paralizado los servicios ferroviarios franceses.
Hubo momentos de tensión en varios puntos del país. La policía lanzó gas lacrimógeno este jueves por la mañana a los manifestantes en la ciudad de Nantes, en el oeste de la ciudad, y los manifestantes prendieron fuego a coches en el puerto mediterráneo de Marsella.
Los sindicatos han rechazado de plano las nuevas propuestas del gobierno de Emmanuel Macron para aplicar de forma gradual un modelo que requeriría que los trabajadores más jóvenes, nacidos después de 1974, trabajen hasta los 64 años en lugar de los 62 para obtener pensiones completas.
“No habrá descanso de Navidad hasta que el gobierno entre en razón”, apuntó este jueves Laurent Brun, de la Confederación General del Trabajo.
La respuesta a la iniciativa del Gobierno sugería que los líderes sindicales hablaban en serio el miércoles cuando describieron los paros como “ilimitados”.
Las huelgas amenazaban con emular las de 1995, que se prolongaron tres semanas, provocaron la destitución del primer ministro, Alain Juppe, y llevaron a la retirada de una propuesta de reforma de las pensiones. A su vez, esas reivindicaciones se compararon en escala con los emblemáticos actos de mayo de 1968, cuando Francia estuvo al borde de la revolución.
Aunque los parisinos se han visto afectados por los paros en el transporte público, otras zonas del país sufrieron menos problemas y los trabajadores en huelga han disfrutado de un apoyo público generalizado, según sondeos.
“Comprendo totalmente por qué la gente está en huelga (…). Obviamente, todo el mundo se ve afectado por la reforma de las pensiones”, comentó Nicolas Lipitei, que viaja habitualmente entre Londres y París.
“(Pero) creo que debería haber mejores soluciones para que la gente llegue a trabajar. Es un impacto enorme en la economía, un impacto enorme en la vida de la gente en general”, añadió.
Muchos franceses y los sindicatos que lideran las huelgas temen que el nuevo sistema obligue a la gente a trabajar más para recibir pensiones más pequeñas.
Los cambios garantizarían que el sistema de pensiones sea “justo y sostenible” ante una creciente población con un número récord de nonagenarios.
