Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo este jueves que no se descarta acción penal contra Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de la inhabilitación que se le impuso por 10 años del ejercicio de cualquier cargo público.
Cuestionada sobre cuántos de los casos que ha tomado la SFP administrativamente han sido judicializados para una sanción penal, respondió que en el pasado «ninguno» pero confió en que ahora, en el nuevo Gobierno, se caminará hacia una colaboración con otras instituciones para lograr la penalización.
En ese sentido, se le preguntó si el caso de Lozoya podría judicializarse, a lo que contestó que «todos los casos dan para profundizar en las investigaciones».
Tras clausurar el Primer Seminario de Corrupción y Lavado de Dinero en el marco del XV aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rechazó que la inhabilitación a Lozoya sea una sanción menor a pesar de que el exfuncionario presuntamente está involucrado en corrupción en el caso Odebrech.
«Miren, nosotros nos movemos y trabajamos en el derecho administrativo sancionador, de las sanciones más altas son, efectivamente, las inhabilitaciones de décadas, tenemos la posibilidad de inhabilitar. A mí no me parece que una década de inhabilitación sea una sanción menor», sostuvo.
Sandoval dijo que la inhabilitación a Lozoya es lo que se logró configurar conforme los procedimientos administrativos de la Función Pública.
«Hemos sido muy responsables en no actuar saltando ninguna de las diligencias y en no actuar tampoco sin apego a la normatividad que tenemos que son nuestras propias leyes de derecho administrativo», expuso.
La funcionaria refirió que se tienen convenios de colaboración marco con diversas instituciones, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, que tienen que ver con el combate a la impunidad y corrupción, en particular a la criminalidad financiera y fiscal.
