Hablan de honestidad y se muerden la lengua

Morena

Reveladores, por no decir indignantes, los datos que las páginas de El Financiero dan a conocer en torno al trabajo legislativo en comisiones del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde representantes de dicha fracción cobran sin trabajar, sí, sin trabajar.

Es cierto, Morena es el grupo con mayor representación en el recinto del Palacio de Donceles, 20 legisladores integran el grupo, pero por lo que se ve también son los que menos trabajan, y aunque hay registros de sus asistencias al salón de plenos, donde de plano ni se aparecen es en comisiones.

También es cierto que al inicio de la legislatura los morenistas se inconformaron por la distribución de las comisiones legislativas, donde a ellos les correspondió presidir tres de las llamadas ordinarias, y al no estar de acuerdo optaron por no ocupar los cargos, cediendo esos espacios directivos a otras opciones partidistas.

A lo que no renunciaron fue a las prerrogativas, pues hoy se sabe que en su nómina cobran asesores y secretarios técnicos y otros servicios en el uso de oficinas, lo que representa una erogación del órgano legislativo por la nada despreciable cantidad de más de 34 millones de pesos anuales; y ya son dos años en esa situación, en la que al parecer son muy puntuales para cobrar cada quincena, pero de su productividad poco se sabe, y eso que ese partido enarbola como unas de sus principales banderas políticas la honestidad y la transparencia.

Con lo que sucede en la Asamblea Legislativa, queda claro que en Morena no hay coordinación entre lo que piensan y lo que hacen, porque es muy fácil hablar de transparencia y rendición de cuentas, pero cuando hablan de esos temas o se muerden la lengua o tragan saliva, pues aunque se han documentado las referidas anomalías en el funcionamiento y desarrollo de las actividades del órgano legislativo local, con seguridad también vendrán discursos para justificar lo injustificable.

Por lo demás, aunque en Morena se sigan presumiendo encuestas de estudios de opinión que los ponen como favoritos entre el electorado capitalino en vísperas de año electoral de 2018, queda claro que este tipo de acciones son calificadas por la ciudadanía como actos de corrupción; y si en este momento algo indigna a la población son precisamente este tipo de acciones que dan cuenta de opacidad, despilfarro y desviación de recursos del erario público, y a corto plazo eso pude representar un voto de castigo en tiempos electorales. Que conste.

Al rojo vivo

Así se están poniendo las cosas en el Senado de la República con el asunto de la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a donde el exfiscal Santiago Nieto Castillo acudió para solicitar que se le restituya en el cargo, al que se le hizo de lado por supuesta violación a los códigos de ética y responsabilidad como servidor público.

En lo que se constituye como un hecho inédito en el proceso legislativo de la Cámara alta, se prevé que el caso sea analizado por los legisladores en sesión abierta, donde por separado serían entrevistados el verdugo y el sentenciado; es decir, el exfiscal y el encargado del despacho de la PGR, ejercicio que al final, en votación secreta, se conocería –de acuerdo con los argumentos esgrimidos por ambas partes– el destino del destituido fiscal.

Por lo pronto, de todo este intríngulis judicial, donde las mordeduras de lengua no están exentas, lo único claro hasta ahora es que el exfiscal ha dado pruebas fehacientes de violar el debido proceso y la garantía de presunción de inocencia contra algunos de los inculpados a quienes la FEPADE le abrió carpetas de investigación; pero eso es un tecnicismo en todo este asunto, porque lo que se ve detrás son elementos propios de la política y eso es lo que hace inédito el tema.

Así que para esos casos lo que queda es la suerte y ésta ya está echada. 

También te puede interesar:
La hora de México
El futuro de Pepe Toño
Aprueban Ley de Ingresos

Loading...