El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió las reglas de “cancha pareja” para garantizar la imparcialidad en los comicios que se realizarán este año en seis entidades y evitar el uso indebido de recursos públicos.
El Consejo General aprobó el acuerdo en el que se establecen los criterios para que los gobiernos de todos los niveles eviten el uso de recursos públicos y programas sociales con fines electorales, así como la coacción del voto y la propaganda gubernamental para beneficiar a algún servidor público.
El INE decidió aplicar la facultad de atracción, a petición de cuatro consejeros electorales, para determinar estas reglas en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla.
“(El llamado) a todos los actores políticos, aspirantes, militantes, organizaciones de la sociedad involucradas directa o indirectamente en las elecciones locales y, por supuesto, funcionarios del Gobierno federal y de los gobiernos locales a que todos nos conduzcamos con estricto apego a la ley y, con ello, recreemos la democracia en las seis entidades en donde iremos a las urnas el próximo 2 de junio”, expresó el consejero presidente Lorenzo Córdova.
Durante la sesión del Consejo General, el consejero Ciro Murayama puntualizó que “esto no tiene un destinatario partidista en singular, tiene a los gobiernos en turno, y si los gobiernos en turno están comprometidos con la legalidad y con lo que manda el artículo 134 constitucional de no intervenir en las preferencias electorales de la gente, pues pueden darse por aludidos, pero no por incomodados, porque ninguna ofensa, ningún agravio les causará este tipo de acuerdos”.
Subrayó que es fundamental que se consideren las reglas de operación de los programas sociales, que debieron de haber sido aprobados conforme a los decretos presupuestales.
“Los programas sociales no pueden ser ocurrencia del gobernante en turno en cualquier momento y menos aún de cara a los procesos electorales ni cambiar las reglas por las cuales se incorporan a los beneficiarios”, aseveró.
Murayama agregó que tampoco puede haber “actos públicos masivos donde los gobernantes estén pretendiendo cosechar réditos políticos de la entrega de bienes o de servicios que finalmente se sufragan con recursos públicos, que no son patrimonio nunca de un gobernante, tienen la obligación y la responsabilidad de usarlos con transparencia y con probidad, pero no plantearse como el mecenas que llega ante la población necesita a entregar en cualquier orden de gobierno”.
