El recién nombrado contralor interno del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús George Zamora, sostuvo ante la Cámara de Diputados que este máximo órgano electoral federal requiere “eficiencia, no lujos”.
Por eso, el funcionario propuso a los legisladores que una eventual reforma electoral y del INE “debe señalar como mínimo lo siguiente: prohibición a mandos medios o superiores de teléfonos celulares, remodelación de oficinas, uso de vehículos oficiales, gastos de alimentación, límites y regulación de viajes nacionales e internacionales, prohibición o límites concretos a gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones.
“Límites a las transferencias o adecuaciones presupuestales internas, un tema muy importante. Prohibición de transferencias o adecuaciones presupuestales de programas estratégicos o programas administrativos, prohibición de crear nuevos fideicomisos o, incluso, de que los actuales puedan ser evaluados o, en su caso, puedan ser regulados”, enlistó.
Remarcó que es indispensable que exista una ley que señale el limitar el despilfarro y el dispendio de los recursos.
Destacó que los servidores públicos deben conducirse “con el principio de eficacia, con el principio de eficiencia, con el principio de economía y con el principio de honradez”, al tiempo que aclaró que “es un falso debate señalar prioridades entre el principio de austeridad y el principio certeza de las elecciones”.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, expuso ante los diputados, el pasado martes, que una reforma electoral mal hecha, sólo con fines de austeridad, puede poner en riesgo la certeza de las elecciones.
Jesús George Zamora sostuvo que “el principio de certeza y el principio de austeridad, creo que no se contraponen, ni son prioritarios uno con otro. Más bien se van a complementar para eficientar la función de todos los entes públicos, en el caso concreto del Instituto Nacional Electoral”, precisó.
Nombrado por el Pleno de la Cámara de Diputados apenas el pasado 2 de mayo, el funcionario expuso a los legisladores que “de entrada deberíamos de tener presente que la eficiencia supone necesariamente austeridad. Si queremos hacer las cosas con el menor uso de los recursos públicos, supone entonces que el menor uso de recursos públicos impide que los servidores públicos usen comodidades y lujos para ejercer su función pública”.
“De tal forma que, desde mi punto de vista, implícitamente, el principio de austeridad está inmerso en el principio de eficiencia señalado en el artículo 134 de la Constitución Política”, indicó.
Agregó que “en este sentido, la propuesta que existe de la desaparición de los OPLE, me parece que no es un debate entre certeza y austeridad, me parece que tiene más bien que ver con la función de dos temas: federalismo y eficiencia”.
“La propuesta de transmitir, porque no creo que lo debamos enfocar como la desaparición de los OPLE, sino simplemente transmisión de facultades a una institución (el INE), con base en el marco del federalismo que permite que la Federación puede asumir totalmente una competencia”, dijo.
En cuanto a la fiscalización del principio de austeridad, “creo necesario que, además de que se establezca en la Constitución para los órganos internos de control y para los órganos fiscalizadores, es indispensable que exista, que aterrice en una ley, una ley que señale –y ya existen iniciativas al respecto- precisamente el limitar el despilfarro, el dispendio de los recursos”, insistió.
