El repunte en el número de homicidios dolosos, robo a transeúnte y a casa habitación en el país y en la Ciudad de México y área conurbada es una realidad innegable. Diversos factores pueden ser considerados en esta realidad y percepción a la vez, en donde como en ocasiones anteriores, el alza en estos delitos proviene de distintos factores que se unen en una tormenta perfecta que termina por afectar a un número cada vez mayor de ciudadanos. El gran factor proveniente del desmoronamiento del presidencialismo absoluto, y la ocupación de una parte de ese poder por las bandas del crimen organizado, explican en parte el ambiente de violencia crónica de las últimas décadas y la imposibilidad de eliminar la fuerza real de estos grupos en lo económico y en su capacidad armamentista.
Desde ese nivel, bajando por la línea de la lucha por la ocupación de espacios sociales, los grupos criminales han logrado ampliar su margen de participación en la estructura socioeconómica del país. El aumento de los actos criminales reportados en los últimos días pretende ser explicado en parte por la inoperante aplicación del nuevo sistema penal acusatorio que libera a miles de presos por la falta de pruebas o por procedimientos no apegados a la nueva norma. También, a que el delito de portación de arma sigue siendo considerado como no grave, lo que deja en las calles a personas armadas sin control alguno.
Sin duda estos factores influyen en el crecimiento de los índices delictivos, pero no son suficientes para explicar el aumento de delitos del fuero común y simultáneamente la acción cada vez más violenta y cruel de los sicarios del crimen organizado. En todo caso habría que insistir más en el tema del debilitamiento de los cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente aquellos cuya responsabilidad se ubica en la esfera de los gobernadores, incluyendo la nula existencia de cuerpos profesionales de inteligencia destinados a infiltrar y neutralizar a las bandas criminales.
Suponer que el aparato federal de seguridad, incluida la rama militar con todo su poderío y penetración a nivel nacional, es suficiente para suministrar la información necesaria y al mismo tiempo combatir en el terreno a los ejércitos delincuenciales, es caer en el mismo error que se viene repitiendo desde el sexenio pasado y durante éste, y en donde ante la negligencia y corrupción de los gobernadores, el poder federal trata de tapar los cráteres en materia de saqueo e ineficiencia para evitar la catástrofe en todo sentido. No se trata de permitir el desmoronamiento del país por la irresponsabilidad de los mandatarios estatales; pero condescender con los excesos de éstos para evitar choques políticos mayores, no llevará a la disminución de los índices delictivos.
En estos momentos, cuando las distintas fuerzas políticas intentan armar sus propuestas para el 2018, el tema de combate a la inseguridad se vuelve prioritario. Adecuar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio a la realidad de policías, ministerios públicos, jueces y magistrados carentes de los conocimientos adecuados para aplicarlo en beneficio de la ciudadanía y no de los delincuentes, es hoy una demanda urgente de resolver en el corto plazo. Lo que se planeó como un círculo virtuoso de justicia expedita y transparente, está convirtiéndose en un perverso sistema de apoyo a los delincuentes y sus abogados que aprovechan las enormes debilidades procesales del nuevo sistema para liberar a sus clientes y continuar con sus acciones en contra de la sociedad.
Más allá de la disputa electoral próxima, es momento de instrumentar medidas emergentes para no tener que vivir un 2018 con niveles de violencia que hagan imposible una contienda pacífica en todas las regiones del país.
¿Contienda pacífica? Es momento de instrumentar medidas emergentes para no vivir un 2018 con niveles de violencia que hagan imposible una contienda pacífica.
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