Juez criticado por Trump recibe caso de ‘dreamer’ mexicano deportado

SAN DIEGO.- El caso de un dreamer deportado a México pese a tener permiso para estar en Estados Unidos bajo un programa federal que protege a jóvenes inmigrantes está ahora en la corte de un juez en San Diego cuya imparcialidad fue cuestionada por Donald Trump durante la campaña presidencial a causa de su origen mexicano.

El juez federal Gonzalo Curiel recibió el caso de Juan Manuel Montes, de 23 años, cuyos abogados dicen pudiera ser la primera persona deportada por el gobierno de Trump que estaba acogida al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que aplaza la deportación de jóvenes traídos ilegalmente al país de niños.

Montes presentó una demanda pidiendo acceso a los documentos de su deportación.

La demanda se produce menos de un mes después que Curiel aprobó un arreglo de 25 millones de dólares en un caso contra la ahora desaparecida Universidad Trump por acusaciones de engañar a estudiantes. Trump criticó reiteradamente al juez oriundo de Indiana durante su campaña, insinuando que su herencia mexicana lo había prejuiciado en el caso.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que Montes tenía derecho a estar en Estados Unidos hasta inicios del 2018 bajo el DACA, revirtiendo su posición de la víspera de que su estatus había expirado en agosto de 2015 y no fue renovado.

La agencia dijo que Montes admitió bajo juramento que había entrado ilegalmente al país el 19 de febrero, lo que resultaba en la pérdida de su estatus porque era una admisión de que había salido sin el permiso requerido.

El caso pudiera ayudar a definir el enfoque de Trump hacia el programa, que fue introducido en el 2012 por el expresidente Barack Obama. Trump lo ha dejado en vigor y hecho declaraciones de simpatía sobre sus beneficiarios, enfureciendo a algunos opositores acérrimos a la oposición.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que no quería dar una opinión apresurada sobre el caso de Montes y refirió las peguntas al Departamento de Seguridad Nacional. Agregó que las prioridades del gobierno en inmigración son personas que cometen crímenes en Estados Unidos y representan una amenaza.

“Yo diría, con respeto, que en este caso los hechos no son completamente conocidos, así que preferiría no apresurar conclusiones”, dijo.

Incluso tras su nueva declaración, la versión del Departamento de Seguridad Nacional difiere claramente de lo que los abogados de Montes dicen que sucedió.

El abogado dijo en la demanda presentada en la corte federal en California que su defendido dejó el país el 17 de febrero solamente porque fue detenido por un agente de la ley, quien le pidió que se identificase cuando caminaba a un puesto de taxis en Calexico, California, unos 190 kilómetros al este de San Diego. Se le pidió que firmase documentos sin recibir copias ni una oportunidad de ver a un juez de inmigración.

Tras ser asaltado en la ciudad fronteriza mexicana de Mexicali, Montes regresó a Estados Unidos dos días más tarde y se entregó a las autoridades, de acuerdo con la demanda. De nuevo se le pidió que firmase documentos, sin recibir copias, y fue devuelto a México.

Seguridad Nacional dijo que la Patrulla Fronteriza no tenía registros del encuentro inicial en Calexico y que Montes había salido de Estados Unidos en una fecha desconocida.

SRE VIGILARÁ DEPORTACIONES: VIDEGARAY 

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que los consulados de México en Estados Unidos están al pendiente de los procesos de connacionales en situaciones de deportación y que el vecino país debe respetar el debido proceso.

Comentó que los casos de Maribel Trujillo y Juan Manuel Montes, quienes fueron deportados recientemente y del que se cuestiona el proceso de su deportación.

“Por supuesto que los Estados Unidos, igual que México o España, es una nación soberana que tiene voluntad plena para definir sus leyes, normas migratorias y su política migratoria; sin embargo, la ejecución de las mismas, debe estar siempre protegida por un marco de referencia común que es el respeto a los derecho humanos y esto incluye el respeto al debido proceso”, dijo.

En el caso de Juan Manuel Montes, que interpuso una denuncia al gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya da seguimiento al desarrollo de la querella.

Y respecto a Maribel Trujillo, la dependencia atiende las solicitudes de apoyo de sus familiares en Estados Unidos, principalmente sus cuatro hijos con ciudadanía estadounidense que se quedaron en Ohio.

Con información de Anabel Clemente.