Cuando en 2012 el PRI regresaba a la Presidencia de la República después de doce años de oposición, la propuesta de gobierno suponía, por un lado, la realización de las reformas estructurales no procesadas durante los gobiernos panistas, y la centralización de la toma de decisiones, en un intento por regresarle al Ejecutivo una parte de las atribuciones perdidas en el proceso de democratización y disolución del presidencialismo autoritario sexenal. Y es que hay que recordar que el poder del monarca temporal se dispersó entre el Congreso, los gobernadores e incluso el crimen organizado.
El Pacto por México consiguió con éxito la aprobación e instrumentación de los cambios legales y las modificaciones prácticas necesarias para darle rumbo a una economía que lo requería desde hace décadas.
Sin embargo, el tema político de nuevo quedó estancado. Los esfuerzos centralizadores, cuestionados por muchos como un intento de retorno al pasado, fracasaron en la práctica.
Tanto el Congreso, como gobernadores y delincuentes de alto calibre, siguieron ocupando sus espacios y obteniendo una renta ilegal e ilegítima, ante la pasividad de un gobierno carente de los instrumentos necesarios para controlarlos.
Esta situación fue paulatinamente desgastando la figura presidencial, y ante los escándalos de corrupción de los gobernadores priistas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, el desplome del partido tricolor obligó a Los Pinos a buscar estrategias alternativas para mantener la gobernabilidad en lo que queda del sexenio y no perder las últimas posiciones fundamentales para operar la elección presidencial.
En el Estado de México, la fragmentación del voto a través del impulso de múltiples candidaturas, fue precisamente lo que le permitió al PRI vencer a Morena y a López Obrador, quien colaboró con ello al rechazar alianzas que le hubiesen representado el triunfo.
En este escenario, el PRI celebra su XXII Asamblea Nacional en busca de un acuerdo político que le permita elegir muchas candidaturas, y entre ellas la del presidente de la República, de manera tal que pueda remontar los negativos que posee como partido y como opción de continuidad gobernante.
Un panorama de recuperación económica como el que vivimos en la actualidad, podría facilitarle la campaña presidencial; sin embargo, la designación de un candidato más vinculado a la sociedad que al partido, parece ser fundamental para poder pensar en una victoria en 2018.
De todas formas la apuesta priista intentará repetir el modelo de fragmentación política que tanto éxito le produjo en la elección mexiquense.
El Frente Amplio Democrático u Opositor, con todos los obstáculos y contradicciones, sería un adversario difícil de vencer para el PRI, si el proyecto se consolida.
La presencia de cuatro o cinco candidatos de diferentes partidos, brinda la oportunidad al PRI de hacer valer su aparato partidario, y poder pelear así por la silla grande.
El riesgo de la fragmentación no es la conformación de un gobierno débil, en la medida en que un gobierno de coalición está ya en la mira de una buena parte de la clase política mexicana.
El problema radica en que “jugar a las minorías” podría favorecer el triunfo de Morena y López Obrador, cuyo proyecto de país va en contra de lo que hasta ahora se ha construido, incluido el PRD y su sector reformista.
No se trata del voto del miedo, sino de una definición clara de aquellos dispuestos a transitar a un modelo democrático funcional, con contrapesos y controles, que a su vez continúen y profundicen las reformas que han abierto la puerta a la inserción de México en el contexto de las naciones desarrolladas y con capacidad de resolver de manera efectiva su principal problema: el atraso y la pobreza de un amplio segmento de la población.
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