A Heriberto San Martín, vendedor ambulante de perritos calientes y hamburguesas de 38 años, la inflación le está pegando duro. «De enero hasta ahora, mi utilidad [beneficio] ha pasado del 50% al 30%», explica al otro lado de su puesto móvil, en plena avenida de los Insurgentes de la Ciudad de México. «Sigo vendiendo todo al mismo precio, pero lo que compro ha subido mucho y mis ganancias, claro, son menos. La gente piensa que los productos de un local son de mayor calidad que aquí, en la calle, aunque sea cierto: ellos sí pueden subir precios, nosotros no», resume, resignado, intentando hacerse oír entre el ruido ensordecedor del tráfico en una de las principales arterias de la capital mexicana.
Los tanques de 10 kilos de gas que utiliza para cocinar en plena calle han aumentado un 5% desde enero —»ahora el precio varía día a día, pero es más caro que hace unos meses». También se han encarecido los principales ingredientes que utiliza: «El kilo de salchichas me costaba 80 pesos (4,2 dólares); hoy, 85 (4,5). Los sacos de papas también han subido, de 70 a 75 pesos». Y estacionar el carrito en el que prepara y vende los alimentos también ha pasado de 800 a 1.100 pesos. En su caso, el azote inflacionista es doble: su esposa, madre de sus tres hijos de 16, 15 y 12 años, también opera un puesto similar y sus ganancias han caído en idéntica medida. «Mientras, el transporte y la comida familiar no dejan de subir».
Capear el alza de precios ha sido, durante amplios periodos de la historia reciente de México, una de las actividades cotidianas de sus ciudadanos. A finales de los ochenta la inflación llegó a ser de triple dígito; en los noventa bajó a dos dígitos y ahora, tras casi 10 años con los precios bajo control, el tramo inicial de 2017 ha traído de nuevo fantasmas que se creían olvidados: azuzado por la depreciación del peso, el índice general de precios sube a un ritmo superior al 5,3% interanual, el más alto en ocho ejercicios, y empieza a hacer estragos en las capas más humildes de una sociedad ya de por sí desigual. Ha regresado, en fin, lo que los economistas suelen calificar «el impuesto de los pobres».
«Hay una relación clara entre ingreso e impacto de la inflación: cuanto más bajo es, más daño hace la subida de precios», explica el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), Miguel Székely. «Y si se trata de trabajadores informales, mucho más. Eso es lo que ha sucedido en anteriores crisis económicas y lo que está ocurriendo ahora».
Un puesto de jugos (zumos), en una calle de la Ciudad de México. S. GUTIERREZ CUARTOSCURO
El primer motivo por el que los mexicanos con menores recursos —en su mayoría, como Heriberto San Martín, en la informalidad— sufren en mayor medida el azote de la inflación es la no alineación entre sus ingresos y la subida de precios: a diferencia de los trabajadores formales, casi tres de cada 10 mexicanos trabajan en el sector estrictamente informal y no cuenta con un mecanismo básico de protección: la revisión salarial. «Dentro del sector formal, el 36% de los trabajadores ve revisado su salario anualmente según lo fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, dependiente del Gobierno federal, y el 64% negocia cara a cara con el patrón», explica Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Quien más quien menos puede, como mínimo, mantener su poder adquisitivo. «En cambio, para quien está en la informalidad, esta revisión —si llega— es mucho más tardía y baja. La inflación es, sin lugar a dudas, su mayor enemigo».
Controlar la subida de precios, “la mejor política pública”
¿Qué pueden hacer las autoridades mexicanas para hacer algo más llevadero el día a día de quienes más ven mermado su poder adquisitivo? Con la incertidumbre procedente de Estados Unidos como daga sobre la economía y las finanzas públicas bajo presión, los economistas consultados coinciden en que el margen de maniobra por el lado de los subsidios, la palanca tradicionalmente empleada en muchos países de América Latina, es bajo. “Los apoyos sociales, como el seguro popular —que cubre a aquellas personas que no están afiliadas a la Seguridad Social— o las ayudas que recibe el campo, no son suficientes para hacer frente a la subida de precios”, destaca Raymundo Tenorio, del ITESM. “La mejor política pública no son los subsidios”, concluye Miguel Székely, del CEES. “La mejor política pública es, en realidad, la más básica: lograr controlar la inflación”. Tarea, fundamentalmente, del Banco de México.
El segundo factor viene por el lado del gasto: los precios de los productos básicos han subido por encima de la inflación promedio. Y la presencia de estos bienes y servicios en la cesta de consumo de los más humildes es muy superior a la de los segmentos más acomodados de la población. En marzo, último mes completo para el que hay datos, el precio promedio de los 80 bienes y servicios que componen la canasta básica [alimentos, vivienda, ropa y calzado, transporte, educación y salud, fundamentalmente] creció a un ritmo a un ritmo del 8%. «Es mucho más que el 5,35% de subida del índice general. Y es la mejor medida para saber cómo les afecta a los más humildes», asevera Tenorio. Todas las previsiones apuntan, además, a que, lejos de amainar, las subidas de precios seguirán al alza en lo que resta de año.
Por último, los más pobres y, en especial, los que trabajan en la informalidad, tienen menor acceso a herramientas financieras para resguardar el valor de sus ahorros. Según los últimos datos disponibles, la mitad de los mexicanos ni siquiera posee una cuenta bancaria; para ellos, proteger sus magros ahorros frente a la subida de precios es misión imposible: su única forma de ahuchar es guardar el dinero bajo el colchón, con la merma que esta lleva aparejada. «Las inversiones, por modestas que sean, retienen valor: una cuenta de ahorro, la compra de una propiedad… Pero eso solo es posible hacerlo si se tiene acceso al mercado financiero», subraya Székely.
La división campo-ciudad también desempeña un papel importante. «La inflación le pega prácticamente por igual al trabajador informal urbano y al rural», apunta José Nabor Cruz Marcelo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializado en cuestiones de pobreza y desarrollo. Pero en el caso del campo, hay un riesgo adicional: si las remesas procedentes de EE UU —hasta ahora ilesas al paso del huracán Trump— cayeran, miles de familias de los Estados más agrarios de México estarían en riesgo. «Son la principal fuente de ingresos de muchas de ellas, y en plena escalada de precios el daño sería mucho mayor», cierra el académico de la UNAM.
