La justicia mexicana da la razón a América Móvil, el buque insignia del imperio empresarial de Carlos Slim, y enmienda una parte fundamental de la reforma de telecomunicaciones aprobada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) en 2014: la norma que permitía al resto de operadores conectar sus llamadas a la red del dominador absoluto del mercado –con una cuota superior al 60% tanto en telefonía móvil como telefonía fija– sin tener que pagar por ello. Los competidores de América Móvil creen que el fallo hecho público este miércoles deja en entredicho la libre concurrencia en el mercado mexicano de telefonía.
La resolución otorga al regulador mexicano –el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y no al Congreso el poder de determinar las tarifas que la empresa del magnate cobrará a sus competidores a partir del año que viene. No obstante, los tribunales descartan la retroactividad de los pagos por este concepto: las operadoras tendrán que hacer frente a las tarifas de interconexión desde el momento en el que el regulador este las haga públicas, no por los años anteriores al fallo. Este extremo habría sido fatal para las principales competidoras de Telcel –filial de América Móvil–, fundamentalmente la española Telefónica y la estadounidense AT&T. También cabe la posibilidad de que el IFT opte por mantener las tarifas de interconexión a cero, con lo que se mantendría el actual statu quo.
Las acciones de América Móvil, que hasta el momento del fallo cotizaban en terreno negativo, se han recuperado una vez que se ha conocido la decisión de la Suprema Corte, tomada por unanimidad.
En un desplegable publicado en prensa mexicana la semana pasada, cuando uno de los ministros de la Corte dejó entrever el fallo de este miércoles, Telefónica, AT&T y el resto de operadores alternativos a Telcel alegaban que el «no cobro por la terminación de llamadas en la red» de la empresa de Carlos Slim había hecho posible que otras empresas –tanto móviles como fijas– invirtiesen en sus propias redes y había motivado la competencia en el mercado mexicano. Su eliminación –consumada hoy– causaría, decían, «un daño irreversible en el ambiente de competencia en México».
