La politización de la lucha contra la corrupción

12

El proceso de auscultación priista, que terminó con la designación de José Antonio Meade como el candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional trajo un fuerte olor a naftalina y alcanfor proveniente de lo más rancio y añejo del sistema político mexicano. Con ello, durante los primeros días del 2018 fueron asesinados varios actores políticos mexicanos, enrareciendo aún más el clima político.

En este marco, Nuevo León y México enfrentan una cauda de retos tan cruciales como diversos. Sin embargo, los temas que mejor se han posicionado en la agenda política son la seguridad y la corrupción. Así, Andrés Manuel López Obrador, el virtual candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia de la República, ha generado propuestas poco ortodoxas para solucionar el problema de la inseguridad, mientras que el PAN, a través del Gobernador de Chihuahua Javier Corral, lidera una lucha contra la corrupción en plena efervescencia política por las elecciones presidenciales.

No dudemos que, en caso de que la coalición “Por México al Frente” gane la elección presidencial, el combate a la corrupción pueda tener un claro objetivo político: desmantelar los partidos de oposición y debilitarlos para afianzar al nuevo grupo gobernante en el poder.

La gente quiere ver resultados contra la corrupción, es cierto. Quiere ver a actores políticos de primer nivel en la cárcel y, así, saber que la justicia es efectiva en este país. El problema es que romper el pacto de impunidad va mucho más allá. Hay tantos carteles políticos y económicos en México que solo señalar la existencia de uno es insuficiente para realmente gestar una solución a nuestros retos.

De acuerdo con Guillermo Trejo y Sandra Ley, existe evidencia para afirmar que en el sexenio de Felipe Calderón el conflicto post electoral ocasionó que las autoridades federales realizaran intervenciones militares y de seguridad eficientes en aquellas zonas donde gobernaban copartidarios del ex Presidente Calderón, mientras que en las regiones donde gobernaron los enemigos políticos del presidente, se desplegaban intervenciones parciales poco eficientes.

La “Operación Conjunta Michoacán,” la cual llevó a más de cinco mil efectivos de las fuerzas armadas a esta entidad, estuvo acompañada por una serie de detenciones efectuadas por la Procuraduría General de la República en mayo del 2009 en la que se aprehendieron a once Presidentes Municipales, dos del PRD, ocho del PRI y dos del PAN, así como 17 funcionarios estatales, en su mayoría del PRD, y un juez, en una operación llamada coloquialmente como el “Michoacanazo.” Sin embargo, un año después, 37 de los 38 detenidos habían sido liberados por falta de pruebas suficientes para procesarlos.

Un eventual triunfo de Acción Nacional y sus aliados trae dos riesgos fundamentales: primero, sistematizar el combate a la corrupción como un arma política y segundo, ahondar la grave crisis de inseguridad pública e incrementar el número de violaciones a los derechos humanos. Si ya lo hicieron una vez, fácilmente lo pueden volver a hacer.

Mientras esto sucede, queda claro que las opciones “independientes” como el Bronco son comparsas de un sistema que se niega a morir. Sus declaraciones en contra de Javier Corral y en las que la da la razón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan la verdadera estatura política de Jaime Rodríguez.

El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.