Fuente: Cortesía
No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. En unos días, Andrés Manuel López Obrador tomará posesión de la Presidencia de la República, lo que dará paso a la tercera alternancia a la democracia en nuestro país y lo que la narrativa oficial llama la cuarta transformación (4T).
Pareciera que, por fin, la Historia Nacional ha hecho justicia y se ha puesto del lado de quienes más sufrieron la destrucción del Estado de Bienestar construido por la Revolución Mexicana y que devino en un Estado Corporativo que privilegió por décadas los oligopolios, la falta de competitividad y que creó una nueva clase empresarial que acrecentó su poder económico ante la mirada impotente de millones de mexicanos que sufrieron en carne propia los estragos de la desigualdad económica y social, cortesía del neoliberalismo.
López Obrador ha dejado claro quien tiene el poder político en la 4T. Las señales enviadas al sector empresarial nacional y transnacional anuncian una lucha contra este sector que erosiona la gobernabilidad del país en el mediano y largo plazo.
Es cierto que algunas de las grandes empresas mexicanas se han convertido en poderes fácticos, pero no queda claro porque AMLO y los integrantes de su gabinete, lejos de buscar el enfrentamiento abierto y constante con el sector empresarial; diseña iniciativas, programas y genera consensos que permitan articular políticas públicas encaminadas a mejorar la distribución del ingreso de los mexicanos y aumentar su calidad de vida de forma integral mediante acceso a educación y salud de calidad, viviendas dignas, alimentación, entre otros.
Pero eso no es todo. Durante los últimos 18 años en lo que las administraciones federales del PRI y el PAN violaron la ley de forma sistemática, miles de ciudadanos denunciaron la actuación de las autoridades, en algunos casos con éxito pero en muchos otros sin mayor respuesta del Estado. Por eso, resulta irónico que una amplia parte del coro calle sus voces cuando López Obrador viola la ley al realizar consultas ciudadanas al margen de lo que la propia Constitución establece.
Además, AMLO, en un acto de transubstanciación política, ha perdonado los actos de corrupción del pasado, ampliando el pacto de impunidad más allá de la 4T. Pero no sólo eso, sino que atenta contra la separación de poderes. Si el Poder Legislativo detecta anomalías en la cuenta pública de la Federación o en el caso de las legislaturas estatales en los Estados de la Federación, éstas deben seguir el proceso jurídico debido. México no va a poder dar el salto completo a la modernidad sino fortalecemos el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.
Y mientras se pretende exaltar la mudanza de las Secretarías de Estado a diferentes entidades para descentralizar el poder federal, el Congreso de la Unión aprueba la figura de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo. Si lo que se quiere es tener un mayor control de los gobernadores y el uso del presupuesto, para qué crear una figura dependiente del Poder Ejecutivo cuando se necesitan instituciones de transparencia y rendición de cuentas?
Jaime Rodríguez forma parte de los gobernadores que se han pronunciado a favor de esta decisión. Queda claro que busca una mayor participación del presupuesto para financiar los proyectos del Estado, aunque AMLO ha prometido tanto que no sabemos cuál será la verdadera capacidad financiera del nuevo gobierno federal. Prometer no empobrece, aunque en ello vaya la esperanza de miles de mexicanos.
Politólogo por el Tecnológico de Monterrey y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Guelph.
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