A cinco años de que en el espectáculo ‘Demolition Show’ murieran nueve personas atropelladas y otro centenar resultara por una ‘monster truck’, fue liberado el conductor del automotor, que fue el único sentenciado dentro de las investigaciones por el percance.
Francisco Velásquez Samaniego tuvo una condena de cinco años en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán por los delitos de homicidio, lesiones y daños; su salida ocurrió poco después del mediodía del viernes 5 de octubre.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, en la administración del exgobernador César Duarte, no alcanzaron al presidente municipal priista de ese entonces, Marco Adán Quezada, ni a sus exfuncionarios y tampoco a los propietarios y representantes de la empresa Eventos Extremos de Chihuahua, encargada de organizar el evento.
El propio Velásquez Samaniego, en diversas entrevistas que sostuvo con medios de comunicación locales desde prisión, aceptó su responsabilidad en los hechos pero reclamó que tanto a funcionarios como a empresarios les retiraran los cargos.
Los hechos ocurrieron la tarde del 5 de octubre de 2013, en las inmediaciones del vaso de la presa El Rejón, que se localiza en el sector poniente de la capital del estado, donde miles de personas acudieron para ver el ‘Demolition Show’, donde la ‘monster truck’ conocida como “Big Show” brincaba sobre automóviles viejos y formaba parte del evento ‘Extremo Aero Show’, organizado por la presidencia municipal, que incluía vuelos de globos aerostáticos y espectáculo de aviones, entre otros.
El evento se desarrolló sin las medidas mínimas de seguridad, pues los saltos del vehículo modificado se hicieron a escasos metros de donde estaba la multitud, sin barreras de protección.
En uno de los saltos, el conductor recibió un golpe y desmayó, por lo que el vehículo sin control se fue contra el público.
Velásquez Samaniego fue detenido en el lugar y el 13 de julio de 2015 recibió sentencia condenatoria. En dicho lapso las autoridades municipales erogaron más de 25 millones de pesos en indemnizaciones a familiares de los fallecidos y para gastos médicos de los lesionados, muchos de los cuales aún siguen en tratamiento.
Las investigaciones arrojaron que el vehículo no estaba en óptimas condiciones para el espectáculo y que el piloto no tenía la capacidad para conducirlo, además de que pudo impedir el accidente al percatarse de la falta de medidas de seguridad.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su momento, recomendó a la Fiscalía estatal fincar cargos penales a los demás involucrados en la organización, tanto a funcionarios como empresa, la dependencia determinó no iniciar averiguación alguna.
