La Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso local realizó una mesa de trabajo en parlamento abierto en donde recibió un segundo paquete de propuestas de parte de la sociedad civil, que servirán para realizar un proyecto legislativo con el objetivo de alcanzar una igualdad de género sustantiva.
Las propuestas presentadas en el paquete fueron la tipificación de la tentativa de feminicidio en el código penal de Yucatán, aumentar la pena por el delito de feminicidio hasta 80 años y aumentar su tipificación al doble cuando
se trate de un feminicidio infantil. Asimismo, que las penas por este delito no sean conmutables, susceptibles de condonación o reducción por ninguna vía.
Representantes de la sociedad civil recalcaron la necesidad de no permitir que se reduzcan las condenas y la de incrementar las sentencias cuando se trata de niñas menores de doce años. La representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en el estado, Adelaida Salas Salazar, expresó que no puede compararse con un feminicidio a una mujer de mayor edad.
«Cuando este delito se comete en menores, o sea en niñas, como pasó recientemente y los dos anteriores, en Yucatán tenemos tres feminicidios de menores ya, que esta tipificación sea el doble. Porque es una menor, porque es una niña, porque no se pudo defender, porque no vamos a comparar a una niña de hecho con una niña de 13, 14, 18 años. Estamos hablando de menores de doce años (que) la penalidad sea la doble».
También se incluyó la georreferenciación de agresores sexuales y agresores de mujeres y niñas, el matrimonio igualitario, garantizar un visión intercultural de las políticas públicas y tipificar como delito grave la violencia institucional.
Durante la sesión, otra representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Teresita Campos Ancona, habló de la necesidad de mejorar la atención de la Secretaría de Salud en materia de la norma 046, que estipula que la mujer tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con cinco causales, incluyendo violación.
«La norma 046 de la Secretaría de la Salud aquí en el Estado mexicano no es respetada. Mucha gente que llega a solicitar servicios de salud cuando ha sido víctima de agresiones sexuales, los médicos, enfermeras y personal en los centros de salud, no tienen idea de esta norma o si la tienen, se declaran objetores».
Por tal motivo, solicitó que el estado garantice que haya médicos no objetores a este procedimiento y si no los hay en centros médicos de la secretaría, cubrir los gastos en un hospital privado.
El paquete fue realizado por las Solicitantes De La Alerta De Género En Yucatán y el
Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia.
La mesa de trabajo consistió en las integrantes de la comisión, presidida por la diputada Milagros Romero Bastarrachea de Movimiento Ciudadano, así como la magistrada Ligia Cortés Ortega.
